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El Procurador del Común, Tomás Quintana, presenta el Informe Anual correspondiente al año 2021 en un pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León

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El Procurador del Común, Tomás Quintana, presenta el Informe Anual correspondiente al año 2021 en un pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León Cacho

Quintana insiste en que los problemas con internet o la televisión «merman» la lucha contra la despoblación

El Procurador del Común reclama implicación a las administraciones para habilitar un parque público de viviendas que supere el «déficit» existente

ICAL

Valladolid

Miércoles, 11 de mayo 2022, 12:10

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El procurador del Común, Tomás Quintana, insistió este miércoles en que la «ausencia» o la «insuficiente calidad» en el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil, incluso a la señal de televisión en el medio rural, «merman» los efectos de cualquier política mediante la que se pretenda luchar contra la despoblación.

En su comparecencia ante el pleno de las Cortes para presentar el informe anual de 2021, Tomás Quintana se refirió a la «brecha digital», que remarcó «tiene especial relevancia» en Castilla y León dada la «dispersión» de parte de la población y las dificultades orográficas que afectan a «muchos núcleos rurales».

Por ello, el procurador del Común señaló que en sus resoluciones insistieron en que los problemas con internet, el móvil o la televisión «atenta contra el principio de igualdad», puesto que supone un «obstáculo, a veces insuperable», para el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales, el acceso a los bienes y servicios que ofrece la sociedad de la comunicación o el inicio y desarrollo de actividades económicas.

Por otra parte, Tomás Quintana informó de que se tramitaron 14 expedientes por problemas relacionados con el acceso a las viviendas de titularidad pública. En algunas ocasiones, recordó, las dificultades afectaban a colectivos vulnerables que pretendían disponer de una vivienda pública en régimen de alquiler social. Por ello, la institución, dijo, pidió que las administraciones públicas se impliquen en la constitución y gestión de un parque público de viviendas en la Comunidad que permita superar el «déficit» existente.

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