El Procurador del Común pide a los municipios que regulen el uso de patinetes eléctricos

Un hombre en patinete por Palencia/Antonio Quintero
Un hombre en patinete por Palencia / Antonio Quintero

El Defensor del Pueblo regional insta a tomar medidas transitorias a las localidades de más de 5.000 habitantes

Arturo Posada
ARTURO POSADA

El Procurador del Común de Castilla y León –el equivalente regional al Defensor del Pueblo– emitió ayer un informe para solicitar a los municipios de más de 5.000 habitantes de la comunidad que regulen el uso de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. La institución que preside Tomás Quintana insta a esta medida «hasta la aprobación de la normativa general en la materia» en dos vertientes: una regulación en los reglamentos y, en el caso de los «municipios más importantes» mediante un incremento de las medidas de vigilancia y control.

El Procurador del Común inició una actuación de oficio a finales de 2018 y remitió cartas a los alcaldes de Castilla y León para recabar información sobre número de accidentes, sanciones y otros aspectos relacionados con el uso de patinetes eléctricos. De ese requerimiento, extrae ahora varias conclusiones. La primera es que la mayoría de los Ayuntamientos de la comunidad permanecen a la espera de que se apruebe una norma general antes de modificar la municipal. Además, solo las capitales de León y Segovia cuentan con una normativa específica, mientras que el Ayuntamiento de Ávila tramita una modificación de su reglamento. De los datos recabados se deduce que la siniestralidad es, por el momento, «muy baja», con nueve accidentes en los últimos tres años, en dos de los cuales hubo traslados a hospitales. Además, constan once denuncias en capitales de provincias en ese periodo por conducción negligente, circular por zonas peatonales, no respetar los semáforos o circular por la calzada sin elementos de seguridad.

El Procurador del Común insta a una regulación transitoria en municipios de más de 5.000 habitantes, pero considera que en los que no superan este número «no es prioritaria» esa reglamentación dada la poca conflictividad registrada.