El Procurador del Común abre una actuación de oficio sobre las medidas para el nuevo curso escolar
Pretende conocer las medidas que se van a adoptar por la Administración educativa para, en su caso, realizar las recomendaciones oportunas
En poco más de un mes, los alumnos retomarán las clases para iniciar un nuevo curso escolar en el que parece que la pandemia declarada a principios del año 2020 seguirá incidiendo en el ámbito educativo.
Con todo, el curso pasado la actividad escolar se llevó a cabo, en general, con normalidad pese a las circunstancias propiciadas por la pandemia; no obstante y aunque el inicio de este nuevo curso escolar no genere la alarma e inseguridad que produjo el inicio del anterior, el reinicio de la actividad educativa presencial el próximo mes de septiembre sigue siendo un reto para la Administración educativa, pues sobre la base de las circunstancias actuales y de la experiencia adquirida a lo largo del curso pasado, ha de garantizar que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se realice en las mejores condiciones, mejorando la respuesta a todos aquellos aspectos en los que se han detectado deficiencias, las cuales en ningún caso tendrían que reproducirse.
En consideración a lo expuesto, al igual que con anterioridad al inicio del pasado curso escolar, el Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio, dirigiéndose a la Consejería de Educación para obtener la oportuna información respecto a las medidas previstas que habrían de permitir el desarrollo del nuevo curso escolar de la forma más segura posible y con las debidas garantías para toda la comunidad educativa, para, a la vista de dicha información, en su caso, formular las recomendaciones oportunas.
Especial atención en el absentismo
En particular, a lo largo del curso 2020/2021, mediante el trabajo desarrollado por el Procurador del Común se han puesto de manifiesto situaciones que sería preciso considerar teniendo en cuenta el inicio de un nuevo curso escolar, como, por ejemplo, los problemas derivados del absentismo escolar preventivo adoptado por algunas familias a causa de la vulnerabilidad de alguno de los miembros de la familia de los alumnos a las consecuencias de un contagio de la Covid-19, dado que al margen de las acciones previstas para la prevención y control del absentismo escolar por otras causas, en los casos considerados la Administración educativa ha de facilitar a los alumnos afectados los materiales didácticos, herramientas de comunicación entre el centro y el alumnado y la familia, recursos digitales, aulas virtuales, etc., que permitan a aquellos seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje y ser objeto de la correspondiente evaluación de la forma más normalizada posible.
Pues bien, en el pasado curso, en general el reconocimiento del derecho al Servicio de atención educativa domiciliaria de la Consejería de Educación es el que ha permitido dar una respuesta a las necesidades educativas de los alumnos en una situación de mayor vulnerabilidad ante los posibles contagios de la Covid-19, y que, por este motivo, debían permanecer en sus casas.
Además, en algunos casos, la buena disposición del profesorado también ha permitido que los alumnos que no asistían a clase por decisión de la familia mantuvieran el contacto con el centro y el desarrollo de la actividad educativa. No obstante, como aspecto a considerar en el futuro próximo, también se han de tener en cuenta algunos casos de alumnos, tanto de las etapas de Educación Infantil como de Educación Primaria, e incluso de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional, que han permanecido durante todo el curso escolar 2020-2021 sin asistir a sus centros educativos, sin que se les facilitara una alternativa para que pudieran seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que en algún supuesto ha llegado a determinar la pérdida del curso en su totalidad y la necesidad de que, en el próximo curso, se implanten los correspondientes planes de refuerzo individualizados y adaptados a las circunstancias de esos alumnos.
