Patronal y sindicatos exigen responsabilidad en cuanto al manejo de los animales procedentes de Ucrania

Además de atender las necesidades básicas para la supervivencia, los estados de la UE necesitan poner en marcha un plan de mitigación de riesgos para la salud pública ya que Ucrania es un país con presencia de rabia endémica, declarando anualmente en torno a 1.600 casos.

El derecho a la protección de la salud de la población española está sólidamente recogido en la Constitución y en toda la legislación sanitaria, y recayendo la responsabilidad de su aplicación y defensa en las diferentes administraciones sanitarias del Estado, las CCAA y las administraciones locales.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido una administración no sanitaria, como es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien proclamándose como interlocutor de la Salud Pública de forma unilateral, ha creado un protocolo de actuación contemplando que los Servicios Oficiales Veterinarios (SOV) de las Comunidades Autónomas de destino son los responsables de llevar a cabo todas las medidas de mitigación de riesgo contempladas en el plan y que pueden ejecutarlas en colaboración con otras administraciones competentes o «con entidades privadas o profesionales sanitarios que prestan su colaboración voluntariamente y sin ánimo de lucro».

Pero a la hora de aplicación del plan se está generando un problema importante de gestión ya que la mayoría de las CCAA están comprometiendo, literalmente, a los centros sanitarios veterinarios privados (CSV), convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales (identificación, vacunación, extracción de muestras de sangre, envíos a los laboratorios, incluso induciendo, en algunos casos, la realización de la cuarentena contemplada de 3 meses en sus instalaciones).

Esta situación crea a los centros sanitarios veterinarios un inmenso problema de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia, enfermedad con un 100% de mortalidad en animales y personas.

Y así lo reconoce el propio protocolo que dice literalmente: «el riesgo cualitativo de los animales de compañía que pueden llegar acompañando a sus dueños sin asegurar el cumplimiento de los requisitos habituales es muy elevado, y dependiendo del número de refugiados que accedan a nuestro país en esta situación, hará que el riesgo cuantitativo pueda incrementarse de forma considerable. Por tanto, la evaluación preliminar es de riesgo alto».

En este escenario ya no puede hablarse de solidaridad del profesional sanitario veterinario y de las empresas sino de profesionalidad y de conciencia hacia la salud laboral y hacia la salud pública.