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El Procurador del Común de Castilla y León, junto al presidente de las Cortes (a la izquierda), en el hemiciclo. G. Villamil
Los partidos de Castilla y León respaldan la labor del Procurador del Común, salvo Vox, que pide su supresión

Los partidos de Castilla y León respaldan la labor del Procurador del Común, salvo Vox, que pide su supresión

Tomás Quintana alerta en las Cortes sobre la lista de espera para acceder a residencias de mayores públicas o concertadas y sobre el deterioro de servicios que se percibe en el medio rural

Susana Escribano

Valladolid

Martes, 24 de septiembre 2019, 16:43

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«Nada de lo que ocurre en la comunidad autónoma puede ser ajeno al Procurador del Común». Ese es uno de los principios que Tomás Quintana, Defensor del Pueblo autonómico, apuntó como rectores del trabajo que desarrollan la treintena de personas que integran el equipo que él dirige desde hace casi un año.

El Procurador del Común rindió cuentas, en las Cortes, del balance de 2018. En la exposición que hizo sobre las 6.500 quejas firmadas por ciudadanos y las 79 investigaciones que acometió el departamento por iniciativa propia dio la voz de alerta sobre la discriminación en el acceso a servicios que sufren los residentes en los pueblos y sobre la «existencia de listas de espera» para lograr una plaza en un residencia pública o concertada para mayores, por «la insuficiente oferta pública existente, sobre todo para personas dependientes».

Quintana recibió el apoyo de todo el arco político del hemiciclo (PSOE, PP, Cs, Podemos, UPL y Por Ávila), salvo de Vox. El único parlamentario de esta formación, Jesús García Conde del Castillo, calificó al Procurador del Común como una «figura ineficiente», de la que sería «deseable prescindir». Quintana le invitó, respetuosamente, a conocer el trabajo que saca adelante la institución.

Mayor rigor con los gestores públicos que no colaboran

Tomás Quintana ha endurecido la posición del Procurador del Común ante las administraciones que no colaboran. O bien no envían información o no comunican si aceptan o no su resolución. Algo a lo que están obligados los gestores públicos por ley. Antes se les remitían hasta cinco recordatorios, que con él han bajado a tres. «Detrás de toda queja hay un ciudadano, un vecino, que pretende ejercer sus derechos», remarcó Quintana, que en sus avisos informa a los gestores públicos que esa falta de colaboración «puede determinar responsabilidades de índole penal».

La disolución de las Cortes en marzo, por la convocatoria de las elecciones autonómicas, ha retrasado hasta otoño la defensa del informe de 2018. Casi a toro pasado, con el año 2019 entrando en su recta final. La mayor parte de la labor del año pasado dependió de su antecesor, Javier Amoedo. Quintana explicó a los parlamentarios autonómicos su empeño en dar a conocer la institución y agilizar trámites. Así, en estos últimos meses se ha puesto en marcha la sede electrónica, operativa desde marzo, y han potenciado la información en la página web de la institución, además de reforzar las visitas presenciales. A esa labor se suma la tramitación de quejas: 3.276 presentadas en desde enero hasta el 20 de septiembre, de las una de cada dos tienen que ver con las condiciones laborales de los funcionarios o el acceso a esos puestos.

Pese a la demora del pleno del informe de 2018, los asuntos sobre los que incidió Tomás Quintana ayer no han perdido actualidad. Algunos son recurrentes. Año tras año. De esas 6.500 quejas, 3.984 tienen su origen en el déficit de oncólogos que atravesó Zamora a finales del 2018. El repaso que el Procurador hizo del resto sirvió para trasladar a los parlamentarios y a los consejeros del Gobierno de coalición que «se percibe como un problema la prestación del servicio de salud especialmente en le medio rural». Quintana considera necesario que la Junta reorganice el sistema de trabajo y busque las claves para que las plazas de los consultorios médicos«resulten atractivas» a los facultativos.

El Procurador subrayó «las dificultades para acceder a un alquiler social» por la falta de viviendas, hasta el punto de que detectó, en el transcurso de sus investigaciones, que no hay ninguna de este tipo en León o Ávila. También las demoras en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con la que se combate la pobreza.

En el ámbito de la calidad democrática, Quintana remarcó el «deber de informar» que tienen las administraciones respecto a los ciudadanos y también el deber de colaborar cuando el Procurador del Común se dirige a los gestores públicos.

Las resoluciones del Procurador no son de obligado cumplimiento y el grado de aceptación se sitúa en el 72%. «Aceptable» para el PP. Su portavoz, Raúl de la Hoz, argumentó que «la prestación de servicios públicos» siempre va a generar «ineficiencias que hay que corregir en la medida de lo posible». Carlota Amigo, de Cs, apuntó que comparten la «ardua tarea» del Procurador en defensa de la transparencia.

Frente a ellos, la oposición demandó a consejeros y alcaldes aplicar las recomendaciones de Quintana. «A través de este informe son las personas las que nos indican en qué se está fallando», defendió Pablo Fernández (Podemos). Luis Tudanca, portavoz del PSOE, lamentó que la Junta haga caso omiso de un trabajo que pone sobre la mesa «las mismas carencias, en los mismos ámbitos, desde hace demasiado tiempo». Tudanca afeó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el Ayuntamiento de Salamanca figurara entre las entidades no colaboradoras con el procurador del Común cuando él era el alcalde.

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