La Junta presenta al Constitucional sus alegaciones en defensa de la Ley de Caza

Imagen de archivo de un cazador./EFE
Imagen de archivo de un cazador. / EFE

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, recuerda que la caza es determinante para la conservación del patrimonio natural

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La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha formulado ante el Tribunal Constitucional las alegaciones oportunas al recurso que presentó el Defensor del Pueblo a la última modificación de la Ley de Caza de marzo de este año.

En un comunicado, la Junta indica que partiendo del hecho innegable de que es muy importante conservar la fauna silvestre, también es necesario compatibilizarla con la preservación de otros intereses generales que garantiza la práctica de la caza, una caza siempre desarrollada de forma legal, responsable y segura.

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, recuerda que la caza es determinante para la conservación del patrimonio natural, y no sólo favorece la protección de los ecosistemas, garantizando el equilibrio entre depredadores y presas, sino que evita importantes daños a la fauna protegida, a la seguridad vial, a las economías de los titulares cinegéticos, al empleo, a la agricultura, a la sanidad animal y sector ganadero, o a la salud de las personas.

Desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León basta con recordar que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza, advierte la Junta.

La última modificación de la Ley de Caza se efectuó en marzo de este año 2019, que es la ahora recurrida ante el Tribunal Constitucional, mediante una proposición de ley presentada en las Cortes de Castilla y León, y con ella se incluyó en el propio texto legal un anexo con las especies cinegéticas.

Frente a las objeciones del Defensor del Pueblo, el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, considera que la modificación legal efectuada en la comunidad en absoluto contraviene la legislación básica, establecida en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, que es competencia exclusiva del Estado, sino que precisamente la da cumplimiento y la complementa.