La Junta inicia los trámites preceptivos para la nueva declaración de la comunidad como zona de protección de avifauna

La Junta de Castilla y León avanzó este miércoles que iniciará próximamente los trámites preceptivos para declarar nuevamente todo el territorio de la comunidad como zona de protección de avifauna como disposición general, tras la sentencia que anuló la orden por la que se declaraba todo el territorio como Zona de Protección de Avifauna.

Como recuerda en un comunicado, previa demanda de I-D Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en sentencia de 27 de octubre de 2022, declaró nula de pleno derecho la orden de 2020 por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna, con medidas contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

La Sala argumenta que la orden tiene «el alcance general y abstracto y vocación de permanencia propio de las disposiciones generales» e «innova el ordenamiento en cuanto la Administración establece una ordenación de los tendidos eléctricos que transcurren por el territorio de la Comunidad Autónoma en lo relativo a las medidas de protección para la avifauna que será aplicable en posteriores resoluciones de aprobación o modificación de líneas eléctricas aéreas de alta tensión».

La Sala estima, por tanto, que la orden es una disposición de carácter general y, en consecuencia, al no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido para su elaboración, el Acuerdo impugnado es nulo de pleno derecho.

Pese a ello, y aunque no se entra en el fondo del asunto, dice la Junta, la Sala sí determina que la declaración de todo el territorio de Castilla y León como zona de protección de avifauna no es contraria al espíritu de lo establecido en el artículo 4 del referido Real Decreto 1432/2008, lo que avalaría la consideración realizada por la Junta de Castilla y León para que en todo el territorio de la Comunidad se establezcan las medidas de protección necesarias para evitar episodios de colisión y electrocución de avifauna.

Los antecedentes de dicho Real Decreto muestran que, tanto la legislación española, como los convenios internacionales ratificados por España relativos a la conservación de especies, es decir, el convenio de Berna (Conservación de la Vida silvestre y del Medio Natural) y Bonn (Convenio de Especies Migratorias), tienen como eje principal las políticas preventivas en materia de conservación de especies.

Por tanto, con el objetivo de dar cumplimiento a la citada legislación y de aplicar un enfoque preventivo relacionado con la siniestralidad de las aves en tendidos eléctricos en sintonía con los objetivos del referido Real Decreto, que abarcaba el 53 por ciento del territorio de Castilla y León, fue ampliada a todo el territorio a través de la Orden autonómica por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna.

Desde la publicación de la citada orden, ahora anulada, la Junta explica que ha estado trabajando en la identificación de las líneas eléctricas peligrosas para la avifauna, habiéndose detectado más de 320.000 apoyos peligrosos en Castilla y León.

Además, alude la Junta a la ley de Industria que establece requisitos legales para las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales y a la seguridad industrial que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgo contra accidentes.

De la misma manera, explica que la ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, relativo a las líneas de transporte y distribución de energía, establece que «las nuevas líneas de transporte y distribución de energía se diseñarán de manera que se minimicen los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna.

Igualmente, reseña la ley de Responsabilidad Medioambiental, que ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada por cualquier actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las medidas preventivas apropiada.

Por tanto, subraya que los propietarios de infraestructuras eléctricas donde se registren siniestros por electrocución o colisión o haya riesgo de que se produzcan están obligados a adecuar sus líneas en todo el territorio de Castilla y León, independientemente de que estén en zonas de protección o no.

Finalmente, la Junta insta al Gobierno de España a que avance de manera decidida en la modificación del reiterado Real Decreto de 2008, toda vez que han pasado más de dos años (10 de septiembre de 2020) desde que se realizó por el Ejecutivo central la consulta previa para iniciar la necesaria modificación del mismo al constatar «la existencia de numerosas electrocuciones y colisiones de avifauna fuera de las zonas de protección».

• Temas
• Junta de Castilla y León
• Animales
• Castilla y León