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Personas mayores, en una residencia. EL NORTE
Los hermanos que vivan juntos en una residencia ya no perderán la pensión

Los hermanos que vivan juntos en una residencia ya no perderán la pensión

El Ministerio modifica la normativa para toda España tras recibir la petición de la Junta de Castilla y León

Ana Santiago

Valladolid

Miércoles, 21 de marzo 2018, 22:09

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Los hermanos que vivan juntos en una residencia ya no perderán la pensión no contributiva. Un dictamen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad modifica la interpretación de que un centro institucional sea considerado como una unidad económica de convivencia igual que un domicilio y, en base a ello, se reduzca o, incluso, pierda la citada prestación en los casos de invalidez y jubilación en los que no haya una contribución a la Seguridad Social.

El Gobierno Central toma tal resolución en respuesta a la demanda concreta de la Junta de Castilla y León y extiende, desde el Imserso, tal comunicación de la nueva interpretación a todas las autonomías. Así, la composición de la unidad económica que era un elemento determinante del reconocimiento y mantenimiento de estas pensiones ya no impedirá, como hasta ahora, que dos hermanos puedan compartir residencia y se vean obligados a vivir separados para no perder estos ingresos.

La legislación y normativa de las pensiones no contributivas es estatal pero la gestión de las mismas, aprobación o desestimación, corresponde a las autonomías. En Castilla y León, como en otras comunidades, aunque de forma más bien anecdótica –la Junta no dispone de datos concretos de afectados– se han dado situaciones en las que dos hermanos han tenido que renunciar a parte de sus ingresos o a vivir separados para no perderlos; una pensión de este tipo media es de 369,90 euros. El pasado mes de enero, el caso de dos hermanas, Julia y Encarna Garijo, que quisieron compartir una estancia temporal en la residencia de Matamala de Almazán, en Soria, y no pudieron llegar a juntarse por dicha razón, llenó de indignación a la opinión pública. Meses antes, el pasado mes de junio, la Junta ya había buscado solución a estas situaciones. Así, la consejera de Familia, Alicia García, había remitido a la titular del Ministerio, Dolors Montserrat, una carta –con fecha de 19 de junio– sobre estas circunstancias que «producen situaciones injustas con consecuencias económicas importantes para estas personas». García finalizaba su escrito solicitando «que se valore la posibilidad de abordar una modificación normativa».

El pasado mes de febrero, la ministra anunciaba en otra carta la resolución adoptada y todas las comunidades han recibido ya los nuevos criterios.

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