Trama Enredadera

Suárez-Quiñones, en su comparecencia: «El problema es que hoy Ulibarri es el coco»a

Suárez-Quiñones, este miércoles, en su comparecencia.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes a petición propia para informar sobre la cesión de la obra entre Villadangos del Páramo-Valcavado y asegura que siempre ha actuado dentro de la Ley

LEONOTICIASValladolid

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este miércoles la «legalidad» de la conversación mantenida con el empresario José Luis Ulibarri, al que ofreció hacerse cargo del proyecto de acondicionamiento de la carretera LE-413, en el tramo de Villadangos del Páramo, con el fin de desatascar una obra en una vía que figuraba a la cabeza del Plan de Actuaciones Prioritarias de Carreteras de la Junta.

A lo largo de poco más de media hora de exposición, durante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente en las Cortes convocada a petición propia y de Podemos, el consejero ha tildado de «insidias» los intentos de los grupos de la oposición de involucrarle en la trama 'Enredadera', donde el empresario de la construcción y comunicación figura como principal cabecilla, y ha precisado que su conversación grabada por la UDEF el 15 de febrero fue «única, breve, de casi minuto y medio, con unos fines claros y un encuadre legalmente perfecto».

Y es que Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha enmarcado dicho contacto telefónico dentro del procedimiento de la Ley de Contratos que permite la cesión de una obra, en este caso la de la LE-413, por importe de 2,1 millones, cuando la empresa adjudicataria se encuentra en concurso de acreedores.

«Se trataba de una obra adjudicada en 2016 y que figuraba en primer lugar en el Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de carreteras de la Junta», ha insistido el consejero, quien por ello justifica que al llegar a su mesa información de que la obra se hallaba paralizada por el concurso de acreedores de la adjudicataria, la empresa zamorana Arcebansa, se decidió a coger el teléfono y a llamar a Ulibarri para ofrecerle la cesión.

Exigencia de responsabilidades

El Grupo Socialista consideró que se trata de una «gestión políticamente corrupta», según aseguró la socialista Ana Sánchez, quien expresó la indignación que generaron las palabras del consejero, a quien acusó de intentar una «manipulación impresentable» a través de justificaciones «peregrinas». Pidió explicaciones a Suárez-Quiñones por contactar con una empresa determinada y no con los 99 licitadores que acudieron al concurso, de los que siete ofrecieron una menor cuantía y 43, entre 1,2 y dos millones.

También se preguntó si de forma habitual el consejero llama de forma personal al padre de los apoderados de las empresas, como hizo en el caso de Arcor. Además, lo acusó de mentir, puesto que recordó que esta sociedad tiene su domicilio social en Madrid y señaló que su 'antecesora', Begar, recibió hasta 2008, más de 355 millones en proyectos.

Ana Sánchez cuestionó, igualmente, la actuación como «rey sol» de Suárez-Quiñones a quien pidió que juzgue si su comportamiento es «éticamente reprobable». Por ello, pidió su dimisión y aseguró que la sociedad está hastiada del PP que a su juicio considera a Castilla y León como su «cortijo» y actúa solo con transparencia con algunas empresas.

PODEMOS

En la misma línea, el parlamentario de Podemos Ricardo López demandó también la marcha del titular de Fomento por un hecho «grave» y por ofrecer explicaciones «burdas» sobre un caso en el que recordó la implicación de PP, PSOE y Ciudadanos. Por ello, consideró que el PP no gobierna en Castilla y León para los ciudadanos, sino para algunos empresarios.

El dirigente de la formación 'morada' consideró que existe más que razones para que dimita el consejero de Fomento, de acuerdo a la legalidad y a sus competencias, puesto que insistió no puede ofrecer una carretera «saltándose las normas de contratación». Además, se remitió al Código Ético para recriminarle su llamada.

En la misma línea, el procurador 'leonesista' invitó a Suárez-Quiñones a dejar su cargo por cometer un «error grave» y cuestionó que la elección del empresario se debe a su compromiso con León. También considero que existió «trato de favor» y recordó que la operación afecta no solo al PP, sino también al PSOE y Cs.

MITADIEL

Por su parte, el procurador de Cs Manuel Mitadiel recalcó que el debate giraba sobre un tema «ético» y no «legal», que determinarán los jueces, porque insistió se ofreció una obra a una empresa y no al resto. Se preguntó por qué el consejero intervino en una negociación entre empresas y si trata en igualdad de condiciones a todas las empresas de la Comunidad.

Mitadiel consideró que existió una subordinación a los intereses del grupo y criticó que el 'leonés' Manuel García, un «detenido» en el marco de esta actuación policial, presidiera la Comisión de Fomento, algo que desmintió el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, quien vio «intolerable» que se cuestionara a una persona «honorable», que recalcó no está «imputada, investigada, ni citada a declarar».

UPL

Mientras Luis Mariano Santos recordó en su intervención que la trama Enredadera afecta al PP, al PSOE y a Ciudadanos y afeó a los populares que en una actitud 'torticera' intentaran inclusir a la formación leonesista en esta maraña. Santos aseguró sentir afecto por el consejero pero le invitó a abandonar el cargo por lo comprometido de sus palabras con el empresario José Luis Ulibarri.

Sin razón objetiva para excluir a Ulibarri

«Se trata de un empresario de León para una obra en León, un empresario con presencia normal en el panorama empresarial, tanto en el sector de la obra pública como el de la comunicación. No había ninguna razón objetiva para que esta empresa quedara excluida», ha insistido el consejero, quien ha asegurado que la cesión, al final, no fue asumida por Arcor, fruto del «escaso interés» despertado y al igual de lo ocurrido con otras empresas debido a lo «ajustado» de la licitación.

El titular de Fomento ha insistido en que las acusaciones de «favoritismo» al grupo de empresas de Ulibarri no son más que «insidias», y en este sentido ha puesto como ejemplo el hecho de que los Servicios Centrales de su departamento tan sólo ha adjudicado al empresario leonés tres obras en UTE con otras, del más del millar de proyectos licitados desde 2015.

«No me podía quedar de brazos cruzados. Mi actuación fue objetiva y eficaz buscando satisfacer los intereses generales, el interés público» para sacar adelante una obra prioritaria que, «desgraciadamente, sigue paralizada» y que espera que una vez acordada la resolución del contrato en julio pueda salir adelante en breve tres años después de su adjudicación.

El compareciente ha reconocido la autoría de la frase: «La Administración soy yo», al tiempo que ha lamentado «el juego que ésta ha dado», si bien se ha apresurado a añadir que la misma es una «expresión aclaratoria de que la llamada efectuada no era particular sino una llamada oficial».

Aunque su comparecencia no tenía por objeto analizar otra conversación entre Ulibarri y una de sus hijas en la que se le menciona como suministrador de información sobre distintas obras, Suárez-Quiñones sí ha querido sacarla a colación para mantener también su legalidad pues, tal y como ha apostillado, «la información sobre proyectos de inversión es pública y éstos constan en los Presupuestos Generales de la Comunidad».

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