La Audiencia de Valladolid despeja la vía para juzgar a la excúpula de Economía por el caso Perla Negra

Edificio de la antigua Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda. /Ricardo Otazo
Edificio de la antigua Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda. / Ricardo Otazo

La Sección Cuarta desestima los recursos y ratifica el auto del instructor, que declinó investigar el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas como pidió el PSOE

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

«Esta Sala ratifica íntegramente que las diligencias instructoras de prueba tienen entidad suficiente para que se abra juicio oral contra los investigados«. La Audiencia de Valladolid ha ratificado el auto del juez instructor para que la docena de excargos de la Junta de Castilla y León y empresarios investigados por el caso Perla Negra se sienten en el banquillo, al desestimar los recursos presentados, entre ellos, por la Fiscalía y el PSOE, que ejerce la acusación particular y solicitaba que se ampliara la investigación al alquiler de las sedes u oficinas de la Junta en el exterior, concretamente, la 'embajada' de Bruselas.

El auto de apelación desestimado por la Sección Cuarta dado a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León significa que ya no caben más recursos y que el caso Perla Negra continuará el trámite procesal con la preparación de los escritos provisionales de las acusaciones y las defensas, de cara al señalamiento de la vista oral del juicio.

Fuentes próximas al caso se aventuraron a indicar que los investigados podrían sentarse en el banquillo en la primavera de 2020, si la abultada agenda de señalamientos de la Audiencia Provincial lo permite.

Según el auto de la Sección Cuarta, el recurso planteado por el PSOE, que ejerce la acusación particular, para que se incluyera en la investigación los alquileres de las oficinas de la Junta en Bruselas, tiene que desestimarse. Coincide con el juez instructor en que «dada la complejidad y lo prolongado del tiempo de la instrucción« (seis años) »ninguna otra actividad instructora debe efectuarse«. Puntualiza que esta investigación se solicitó tarde.

También ratifica el sobreseimiento de la investigación sobre Jesús Jiménez Miguel, exdirector de ADE Parques, por entender que «no existen indicios suficientes de que tuviera decisión alguna sobre el abono de las facturas a Parqueolid, sino que solo intervino en las negociaciones sobre la venta de las parcelas a posteriori, pero sin capacidad de decisión, porque las decisiones las habían tomado, indiciariamente, Rafael Delgado y Begoña Hernández». Tanto el PSOE como la Fiscalía habían recurrido y se habían opuesto a que se archivara el procedimiento respecto de Jiménez Miguel, a quien relacionaban en el negocio de las parcelas donde se iba a levantar el parque empresarial de Portillo. Junto con el edificio sede de la antigua Agencia de Desarrollo (hoy, Instituto de Competitividad Empresarial, ICE) en Arroyo de la Encomienda, conocido popularmente como La Perla Negra son las dos operaciones urbanísticas que se investigan en esta causa.

La Audiencia mantiene el archivo y exime a Jiménez Miguel de responsabilidad penal, pero confirma la imputación contra el resto de los investigados, desestimando los recursos presentados por sus respectivas defensas contra el auto del juez de instrucción. En contra de lo que argumentan los letrados defensores, para el órgano de apelación, el auto del magistrado César Gil Margareto es impecable y ajustado a derecho en todos sus puntos «y desgrana de forma pormenorizada, detalladísima, concienzudamente, los hechos que deben ser objeto de enjuiciamiento respecto a cada uno de los investigados, sin perjuicio de lo que resulte de la prueba plena que resulte en la fase de enjuiciamiento».

El magistrado César Gil Margareto, que investiga desde 2013 el supuesto sobrecoste del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del fallido parque industrial en Portillo (Valladolid) emitió su auto de imputación el pasado febrero, en el que redujo la lista original de casi una treintena, a doce imputados, excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo –de los tiempos del consejero y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, también investigado pero que falleció de manera inopinada durante la instrucción de la causa–, y empresarios afines al Gobierno regional que se habrían beneficiado de ambas operaciones.

Ahora que los recursos han sido desestimados por la Audiencia, el trámite del procedimiento abreviado continúa contra los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internalización de servicios de ADE ; su hermano Francisco Esgueva Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y socio fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador único; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, secretario. Tras seis años de investigación, el instructor considera que habrían podido incurrir en los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho.

El relato «indiciario» del instructor arranca con la creación de la promotora Urban Proyecta PM3 en abril de 2005 que, «contando con antelación con información privilegiada de los altos cargos» de la Consejería de Economía y Empleo, concurrió sin competencia a la adjudicación del edificio de Arroyo. La cúpula de la Consejería, «fundamentalmente, Tomás Villanueva, Rafael Delgado y Alberto Esgueva» habrían apuntado la necesidad de adquirir un edificio para aglutinar los servicios administrativos de ADE, con lo que «allanaban el camino para la futura contratación de Urban, ya concertada en connivencia con el administrador, Germán Martín Giraldo». Antes de ese verano, Urban, aún sin tener el suelo, había mantenido conversaciones para un proyecto en Arroyo con el estudio de arquitectos Lamela y en noviembre firmaron el contrato. Aunque el concurso no se publicó en el Bocyl hasta diciembre, Lamela había facturado un mes antes por el proyecto, denominado ADE Valladolid.

La administración de Urban, apunta el auto judicial, conocía «con antelación, por haberse convenido con los representantes de la Consejería, que se iba a fomentar la idea de un edificio para aglutinar los servicios. Edificio que, «sí o sí», se iba a contratar con Urban». Primero hubo dos contratos de arrendamiento que no cuajaron y después, de compra «por un precio muy superior al barajado en la primera opción», de 34,9 millones de euros.

En julio de 2006 el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, firmó con el administrador de Urban Germán Martín Giraldo, el contrato de alquiler y en diciembre de 2007 el consejo, ya con Begoña Hernández como presidenta, propuso incorporar la segunda torre del edificio para después subarrendarla, un segundo contrato que se firmó en febrero de 2008. No hubo estudio de ahorro de costes.

Ni control financiero ni justificación para reducir el periodo de licitación a 15 días (con lo que solo se presentó Urban a la licitación), ni tampoco para que, días después de la fallida operación de arrendamiento con la Agencia de Desarrollo (ADE) se derivara el proyecto del edificio de Arroyo a Gesturcal, un encargo ajeno al objeto social de este ente, que se dedicaba exclusivamente a la gestión de suelo industrial.

Información privilegiada

Otra fecha clave fue el 3 de diciembre de 2008, cuando el coordinador de servicios de la Consejería, Tomás Machota, realiza un informe propuesta sobre la conveniencia de comprar un edificio en Arroyo para reagrupar las unidades adscritas al área económica de la Consejería y alojar a las sociedades de inversión pública. Un mes antes, la presidenta del consejo de administración de Gesturcal, Begoña Hernández, había comunicado a Urban las intenciones de abrir conversaciones para iniciar una opción de compra. El consejo de administración aprobó la compra del edificio por 52,1 millones de euros más el IVA.

Según el juez, la adjudicataria recibió información privilegiada de los altos cargos de la Consejería y luego se realizaron «maniobras» como «formar ad hoc» la mesa de contratación y ante el intento fallido del arrendamiento porque a la empresa no le interesaba la condición previa de una tasación, la operación se derivó a Gesturcal «sin justificación, porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo». Finalmente, «se firma un contrato de compra por un precio muy superior a la opción primera de compra». Existe, advierte el auto, «un grave problema legal en la encomienda de gestión entre la Consejería y Gesturcal, lo que habría causado a la sociedad participada con fondos públicos y también a la Junta «graves problemas económicos y perjuicios». Incluso, subraya, se abonaron facturas «cuyo pago es improcedente, que suponen un mayor precio del edificio y que alguna se paga incluso antes de la recepción de dichas facturas«.

La relación es «indudable» entre las empresas Parqueolid Promociones y Urban Proyecta, señala el magistrado, y apunta que las facturas abonadas a estas empresas contribuyeron a engordar el precio final del inmueble conocido como Perla Negra. La Junta finalmente pagó 71 millones de euros, muy por encima de la tasación escogida, de 52 millones de euros.

Detalla también que la sociedad Unifica Servicios Integrales –la empresa que figura en los «papeles de Bárcenas» como que amuebló en B la sede central del PP en Madrid– está relacionada con Urban y Parqueolid y que realizó varios servicios en el edificio que dieron lugar a una facturación que el secretario general de la Consejería, Rafael Delgado, firmó en nombre de Gesturcal, aunque «no tenía facultades para actuar en nombre y representación de dicha sociedad». Indica que la contratación y los pagos a Unifica se hicieron «sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia».

Portillo

Respecto de la operación del parque empresarial en Portillo, se concluye que «las ventas sucesivas entre personas físicas y jurídicas incrementaron notablemente el precio de los terrenos». El convenio que firmó Rafael Delgado con Cementos La Bureba en marzo de 2010, «fue en claro perjuicio de la sociedad ADE Parques y sin contar con el consejo de administración». Los 2,5 millones de metros cuadrados los compró ADE por 33,7 millones de euros, cuando a Parque Empresarial Portillo, que había adquirido las fincas (la mayoría, a Urban) entre 2005 y 2009, le costaron 9,7 millones. «La gestión económica y financiera de la operación no se ajusta a los principios de eficiencia, economía y eficacia y supuso un endeudamiento para Gesturcal-ADE Parques o la puntilla definitiva para su crisis y extinción», se indica. En diciembre de ese año se firmó un nuevo contrato de compraventa que extingue el anterior por el que ADE Parques asumió una deuda de 35,7 millones de euros y dos préstamos de Caja Burgos y Caja España de 19 millones, «una operación ineficaz que supuso un importante endeudamiento y en contra de los principios de gestión económica y financiera», siendo realizada «en beneficio exclusivo de las empresas privadas contratantes». Atribuye a Rafael Delgado y Begoña Hernández «la decisión unilateral» de ejecutar esta operación «para favorecimiento de las empresas relacionadas con él, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva».

El auto del juez instructor excluyó del procedimiento, junto a Jesús Jiménez Miguel, exdirector de ADE Parques, a José Rodríguez Sanz Pastor, exsecretario de Cultura y Turismo de la Junta; Pilar Manteca Barrio, exvicesecretaria de Gesturcal; Luis María García Clérigo, presidente de la constructora Parqueolid; y al abogado Jesús Rodríguez Recio.