Amilivia plantea cambios normativos para reforzar la independencia y autonomía de gestión del Consejo de Cuentas

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas. /
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas.

El Consejo propone dejar de ser el único órgano de control externo de España que no aprueba su plan de fiscalizaciones, incrementar las auditorías operativas, avanzar en la rendición de cuentas y acortar plazos en la tramitación de los informe

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El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, desgranó este jueves en su primera comparecencia de la X Legislatura del Parlamento autonómico las principales actuaciones emprendidas por el órgano de control externo desde el inicio del mandato el pasado mes de febrero.

Antes de dar cuenta de cuatro informes de fiscalización, se ha centrado en los objetivos del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, que fue presentado al presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, el pasado 31 de julio.

Además de su función fiscalizadora ordinaria, con 29 informes en elaboración en la actualidad, el Consejo ha venido impulsado en estos meses una serie de reformas necesarias para que la institución aborde con garantías los principales desafíos de futuro a fin de profundizar en la utilidad del servicio que presta a los ciudadanos.

Así, el Plan Estratégico incorpora cuatro objetivos supeditados a sendas modificaciones normativas necesarias para impulsar, entre otras cuestiones, la independencia, la autonomía funcional y una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes en las Cortes.

Además del Tribunal de Cuentas, en los últimos años los órganos de control externo autonómicos han venido incorporando esta herramienta dentro de sus prácticas de buen gobierno y transparencia, siendo el Consejo de Cuentas de Castilla y León el séptimo de los doce existentes en aprobarlo.

Entre los principales objetivos, Amilivia destacó ante la Comisión de Economía y Hacienda la propuesta de reforzar la independencia del Consejo, asumiendo la aprobación de su propio plan anual de fiscalizaciones. Como es sabido, Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que su órgano de control externo no goza de autonomía en la aprobación del plan de fiscalizaciones.

En consecuencia, se plantea una modificación legal para corregir esta excepcionalidad y homologar el procedimiento de aprobación del plan al conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de mecanismos de incorporación al plan, de aquellos trabajos que pueda encomendar el Parlamento autonómico.

Acortar plazos

Asimismo, también incidió en otros objetivos como garantizar la autonomía del Consejo de Cuentas en la gestión de sus recursos humanos y materiales, acortar y homogeneizar los plazos de rendición de cuentas, el establecimiento de una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes en las Cortes, o la aplicación de multas coercitivas y medidas tendentes a condicionar el pago de subvenciones y transferencias a la rendición de cuentas.

La actual indefinición en cuanto a los plazos para la tramitación y debate de los informes de fiscalización genera situaciones como la acumulación de los mismos pendientes de comparecencia. Por ello, un acortamiento de los plazos favorecería, afirmó, una mayor actualidad de los trabajos y una mejor labor de control para las Cortes en relación a los entes fiscalizados.

En la actualidad, además de los 18 informes del plan anual de fiscalizaciones de 2019, el Consejo de Cuentas continúa trabajando en otras 11 fiscalizaciones. Con los cuatro nuevos informes presentados por el presidente del Consejo de Cuentas, quedan pendientes de comparecencia un total de 17.

Ante esta circunstancia, Amilivia planteó como reflexión ante los miembros de la Comisión, de cara a la tramitación del próximo Plan Anual de Fiscalizaciones, que, en un ejercicio responsable de realismo, este se ajuste a la capacidad de los recursos humanos y materiales del órgano de control.

Dentro del Plan Estratégico, también aludió al impulso en la identificación de áreas de riesgo al objeto de emprender fiscalizaciones en ámbitos de gestión pública en los que pudieran apreciarse la existencia de irregularidades. En este aspecto, anticipó la total disposición a estudiar la asunción de competencias en materia de prevención y lucha contra el fraude, ya incorporadas en otros órganos de control externo autonómicos como los de Galicia o Canarias.

Para la puesta en marcha de estas medidas resulta necesario introducir distintas modificaciones normativas, caso de la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas y la Ley 4/2013 de reforma de la organización y funcionamiento de las Instituciones Propias de Castilla y León, entre otras iniciativas reguladoras.

En relación a otras actuaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en estos primeros meses del actual mandato, se ha aprobado una nueva norma interna para mejorar la estructura, contenido y formato de sus informes de fiscalización. Así los informes son redactados a partir de ahora con una extensión máxima razonable y una estructura más accesible.

En cuanto a la publicación de las fiscalizaciones en la web, se ha reforzado la divulgación de los informes mediante un resumen, una nota informativa y un glosario de términos que hagan accesible su contenido a cualquier persona. También se ha fortalecido la colaboración con el Tribunal de Cuentas mediante la firma de un convenio para mejorar la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales.