Alrededor de 67.000 leoneses viven en situación de exclusión social

El IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por Cáritas a nivel nacional, destaca que el modelo de integración de Castilla y León, al igual que el de Cantabria, es de «escasez inclusiva», con un nivel de riqueza producida «moderadamente baja» en términos comparativos que se traduce en una calidad de vida «comparativamente alta» y en niveles de exclusión social también «muy por debajo» de la media nacional.

Cáritas subraya, según recogió la Agencia Ical, que el 55,2 por ciento de la población de Castilla y León disfruta de una integración plena en 2024, el tercer porcentaje más alto de España, solo por detrás de La Rioja (63,5 por ciento) y Cantabria (56,5) e incluso por delante de territorios más ricos como País Vasco (53,5) y Navarra (50,7 por ciento). En comparación con el conjunto de España, Castilla y León está diez por punto encima. Eso sí, la cifra en la Comunidad es ligeramente peor que la registrada en 2018, cuando llegó al 57,9 por ciento.

En cuanto a la exclusión severa, afecta al 5,5 por ciento de la ciudadanía, también la tercera tasa más baja del país, por detrás de País Vasco (3,8) y Cantabria (5,1 por ciento). En este apartado, mejora el porcentaje del 6,1 por ciento de hace seis años. Aquí, también está mejor que a nivel nacional, donde se quedó en el 8,8 por ciento. Entre medias, está el 30 por ciento de los castellanos y leoneses con una integración precaria y el 9,3 por ciento, con una exclusión moderada.

A falta de conocer los detalles del informe territorial de Castilla y León, que se presentará este lunes en Valladolid, el estudio general recoge que la tasa de exclusión de Castilla y León en 2024 se situó en el 14,9 por ciento, 1,4 puntos más que la registrada en 2018, cuando fue del 13,5 por ciento. En todo caso, el índice de la Comunidad está muy por debajo de la media nacional que el año pasado estuvo en el 19,3 por ciento, tras aumentar un punto con respecto a hace seis años. El estudio menciona «claramente» las diferencias territoriales, con tasas por debajo del 15 por ciento en País Vasco, Galicia, Navarra, Cantabria y Castilla y León mientras que en Canarias, Andalucía, Aragón, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha superan el 20 por ciento.

Por su parte, el riesgo de pobreza entre 2008 y 2023 en la región ha pasado del 17,6 al 18,1 por ciento. Es decir, ha subido medio punto mientras que en España aumentó 1,2 puntos en ese mismo periodo, hasta el 20 por ciento, con datos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

El estudio de Cáritas concluye que la incidencia territorial de la exclusión social no tiene una relación «muy directa» con el nivel de riqueza producida en cada territorio, ni siquiera con la calidad de vida alcanzada por la mayoría de la población. Precisa que las autonomías con un nivel de riqueza similar pueden alcanzar niveles muy distintos de integración social: más del doble de exclusión entre Canarias y Galicia, por ejemplo, entre las comunidades con menor PIB per cápita, y casi esa proporción entre Madrid y País Vasco, entre las de mayor riqueza.

«Vivir en una comunidad con una alta calidad de vida tampoco garantiza la participación en esta para toda la población, ya que hay regiones con un Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) superior a la media estatal que presentan también una incidencia de la exclusión social notablemente más alta de lo que en principio les correspondería», sentencia. La explicación a estas diferencias, añade Cáritas, es por los distintos modelos productivos, el funcionamiento de los instrumentos institucionales de solidaridad o la dinámica de las relaciones interpersonales.

Además del modelo de integración social de «escasez inclusiva» que tiene Castilla y León, hay otro de «escasez restrictiva» que comparten Canarias, Andalucía y Murcia, que también hablan de un sistema productivo «menos desarrollado» que se traduce en una «menor» calidad de vida para el conjunto de la población y también en un «mayor nivel» de exclusión social.

En los extremos, aparecen la «prosperidad inclusiva» de Navarra y País Vasco, que destacan por estar entre las comunidades autónomas de mayor riqueza y con un nivel más alto de calidad de vida, a la vez que tienen tasas «comparativamente reducidas» de exclusión social. Pero también la «riqueza ineficaz», que mejor ilustra Madrid, por un nivel alto en producción de riqueza -el mayor del Estado- pero con dificultades para traducirse en mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Hasta el punto, que Cáritas asegura que alcanza niveles «comparativamente altos» de exclusión social para su nivel de renta.

Ante esta realidad, el informe de Foessa señala, según recogió Ical, que el «contraste» entre las dinámicas del funcionamiento socioeconómico en los distintos contextos territoriales de las comunidades autónomas invita a una «reflexión» sobre la capacidad de acción colectiva para mejorar los resultados finales en términos de cohesión social. En este sentido, Cáritas asegura que un factor «relevante» en la evolución de la desigualdad y la pobreza es el diferente impacto en cada territorio de las prestaciones sociales. «Las prestaciones tienen un efecto importante tanto en regiones de renta media-baja como en algunas de renta elevada, aunque el efecto de las prestaciones diferentes de las pensiones es mayor en las comunidades con menos renta», concluye.

El estudio deja claro que los «principales motores» de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. El secretario técnico de la Fundación Foessa y el coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que la vivienda es, en la actualidad, el factor que está activamente reconfigurando la estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y «triturando el difícil equilibrio de las clases medias». Y es que sentenció que los datos son «claros» por que el 45 por ciento de la población española que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la Unión Europea. Añadió que el alquiler se ha convertido en una «trampa de pobreza».

En cuanto al empleo, pese a reconocer que mejora «macroeconómicamente», ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. En este sentido, Cáritas advierte que la precariedad laboral se ha convertido en la «nueva normalidad», al afectar a casi la mitad (47,5 por ciento) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas «atrapadas» en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.

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