Podemos pide a la Junta que medie ante el Gobierno por la embotelladora de Folgoso de la Ribera

La procuradora leonesa de Podemos en las Cortes y candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ponferrada, Lorena González, reunida con trabajadoras de la embotelladora berciana./
La procuradora leonesa de Podemos en las Cortes y candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ponferrada, Lorena González, reunida con trabajadoras de la embotelladora berciana.

La procuradora Lorena González reclama al Ejecutivo autonómico que envíe una carta al Ministerio de Justicia informando de la situación

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La procuradora leonesa de Podemos en las Cortes y candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ponferrada, Lorena González, pidió hoy a la Junta que comunique al Ministerio de Justicia la situación en la que se encuentra la planta embotelladora de agua del municipio berciano de Folgoso de la Ribera. «Las trabajadoras nos comentan que el juez podría estar investigando a la empresa embotelladora en relación a las supuestas prácticas delictivas que utilizaban los administradores, actualmente encarcelados. Por eso se congelaron las cuentas de la empresa, pero la instrucción no debería comprometer los puestos de trabajo», reclamó González.

Cabe recordar que la planta emplea a 16 trabajadores que llevan desde octubre sin empleo, tras el ingreso en prisión provisional del administrador de la empresa a raíz de la investigación de la presunta estafa de las clínicas iDental. Al respecto, la procuradora de la formación morada recalcó la necesidad de que el Ministerio de Justicia sea informado de cuál es la situación actual tanto de la embotelladora como de sus trabajadores y estimó que la Junta es «el órgano idóneo para trasladar esa información».

En ese sentido, González consideró que «la misma autoridad judicial que congeló las cuentas debería nombrar a un administrador provisional para poder reabrir la planta, recuperar los puestos de trabajo e impedir que la falta de uso deteriore la maquinaria y las instalaciones». «O abrimos la planta para, al menos, hacer el mantenimiento o va a quedar completamente inutilizable cuando se cierre la instrucción del caso y se intente volver a abrir», reiteró la procuradora, que insistió en la rentabilidad de la planta de cara a encontrar un nuevo comprador.

En la misma línea, González insistió en que los ministerios de Justicia e Industria deben activar «todos los mecanismos de cooperación administrativa que estén en su mano para intentar garantizar el futuro de la embotelladora y los puestos de trabajo». «No estamos pidiendo que se escriba al juez, ni a ningún tribunal ya que eso sería interferir en el poder judicial», admitió la representante de la formación morada, que detalló que esa información podría impedir que el juez que lleva el caso confundiera a esta planta con una de las empresas pantalla sin trabajadores ni actividad que utilizaban los administradores para sus fraudes.