La planta de embotellado de agua de Folgoso de la Ribera cierra «sin previo aviso» y deja en la calle a sus 16 trabajadores

Embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera. /
Embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera.

CB recuerda que el administrador de la empresa propietaria se encuentra en prisión provisional por su presunta relación con la operación Apolonia

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Coalición por el Bierzo (CB) denunció este jueves el cierre «sin previo aviso» de la planta de embotellado de agua del municipio berciano de Folgoso de la Ribera, propiedad de la empresa Agua Vitaminada N1 SL. Según informaron los bercianistas tras reunirse con los empleados, los 16 trabajadores conocieron esta semana que sus empleos desaparecían al recibir un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se les comunicaba su situación de baja desde el 12 de noviembre.

En ese sentido, CB sospecha que la intención de la empresa propietaria es «dar la espantada», después de que haya trascendido que el administrador único del fondo de inversión propietario de la embotelladora, Jaime Carlos Bagur, está «directamente relacionado con el escándalo de los centros odontológicos iDental, dentro de la operación Apolonia«.

Al respecto, el procedimiento judicial seguido en la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de iDental, supuso el pasado 11 de octubre el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Bagur y de otros acusados, a los que se presume autores de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

«A la vista de los acontecimientos, mucho nos tememos que la unidad productiva de la planta embotelladora de Folgoso quede abandonada o pueda ser finalmente desmantelada», aseguraron fuentes bercianistas, que calificaron el cierre de «nuevo mazazo a la economía de las familias bercianas» y de «desastre para el Bierzo Alto».

En esa línea, destacaron que el cese de actividad se produce «por causas ajenas a la viabilidad productiva de la planta» y pidieron, tanto a la Junta como a la Diputación de León, que intenten poner en marcha algún tipo de mediación o solución que permita la continuidad de la empresa. «Su viabilidad y rentabilidad están garantizadas y su cierre viene únicamente motivado por el incorrecto y presuntamente delictivo comportamiento y gestión de sus propietarios y directivos», recalcaron.

 

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