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Visita de los diputados de la Comisión de Energía a la central de Compostilla.

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Visita de los diputados de la Comisión de Energía a la central de Compostilla. César Sánchez

La Comisión de la Energía del Congreso cree que un Gobierno con voluntad tiene margen «para evitar la muerte del Bierzo y evitar el cierre de las térmicas»

Ricardo Sixto, presidente la comisión, asegura no tener constancia de ningún decreto ley como había anunciado el ministro de Energía, aunque considera que la voluntad de los grupos parlamentarios es de negociar y llegar a una solución consensuada

E.JIMÉNEZ

Ponferrada

Miércoles, 19 de julio 2017, 16:02

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Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados han visitado este miércoles las cuencas mineras de la comarca del Bierzo, así como las centrales de Anllares y Compostilla. Con más de una hora y media de retraso han llegado a la térmica de Cubillos del Sil, donde el presidente de la comisión, Ricardo Sixto, ha asegurado, tras ver de primera mano la difícil situación que vive el Bierzo y las consecuencias que tendrían el cierre inmediato de las dos centrales, que un Gobierno con voluntad «tiene margen de maniobra para evitar la muerte de la comarca».

En ese sentido, aseguró que la solución está en manos del Gobierno, que tendrá que tomar una decisión en los próximos meses respecto a las peticiones de las empresas en relación a la continuidad o no de las centrales térmicas, teniendo en cuenta el impacto que generará en el Bierzo y también teniendo en cuenta la normativa con respecto a emisiones.

«No es fácil porque la normativa está como está y deja en manos prácticamente de los informes técnicos que tienen que emitir Red Eléctrica del Estado y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia las posibilidades de que el Gobierno actúe», indicó Ricardo Sixto.

De hecho, el presidente de la Comisión de Energía considera que a esta situación conflictiva que viven las comarcas mineras se ha llegado porque se ha alterado el acuerdo que había para mantener la situación hasta 2023 «y es necesario encontrar la fórmula para que si se llega a un acuerdo en un momento determinado no se varíen sustancialmente esas condiciones porque son las condiciones que se imponen a una zona, a toda una industria, a una serie de trabajadores para ir reconvirtiendo y buscando otras formas de vida en el futuro».

Con todo ello, explicó que esta cuestión es algo que está en la agenda política, por lo que los grupos parlamentarios trasladarán sus propuestas en la Comisión para intentar llegar a un acuerdo consensuado entre todos.

Sin noticias del famoso 'Real Decreto'

Tanto Ricardo Sixto como el resto de parlamentarios explicaron a los medios de comunicación que no tienen constancia del famoso Real Decreto al que hizo referencia el ministro Álvaro Nadal. «No ha puesto sobre la mesa nada, solo crear incertidumbre ante las comarcas mineras sobre algo que no existe», indicó la socialista Aurora Flórez. Por ello, cree que lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar medidas, tomar decisiones con respecto al cierre y sobre todo defender el carbón nacional.

Por su parte, la diputada Ana Marcello, de Podemos, ha tendido la mano al ministro de Energía para que ponga sobre la mesa una hoja de ruta «y sobre ella podríamos negociar y llegar a puntos de acuerdo, lo que pasa es que están haciendo la espantada y no nos dicen lo que quieren hacer». A su vez recordó que su formación ya presentó una PNL sobre la creación de una ecotasa para hacer un impuesto de la huella ecológica que genera el carbón de importación. «Y si así fuese podríamos seguir teniendo las centrales al rendimiento que estábamos planteando», detalló.

Por el contrario, Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil, que escuchó visiblemente enfadado a los parlamentarios, les acusó de hacer discursos demagógicos. «Con las cosas de comer no se juega», apostilló, dejando claro que decisiones tan importantes como estas no se pueden dejar solo en manos de Red Eléctrica y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, cuyos informes ya adelantó que serán negativos.

«Hay un reglamento que hay que convertir en ley para que funcione y para que el Ministerio diga sí o no, no se puede dejar en manos de una empresa, es demasiado importante para que solo una de las partes pueda decidir», señaló. Además es, a su juicio,«la única manera para que los partidos de la oposición le puedan decir al ministro que no ha cumplido, dale el arma y si luego no la utiliza será culpa del ministro», concluyó.

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