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Rafael Prado, durante la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de León

Condenado a 46 años de prisión el pederasta de Carucedo por 16 delitos de abusos sexuales

Aprovechando su condición de monitor y “guiado por la intención de satisfacer ilícitamente sus instintos sexuales, «deslizaba la ropa de los menores para realizar tocamientos y lametazos en los genitales y ano de los menores» | Rasfael deberá de indemnizar a doce de los menores con 3.000 euros y a cuatro de ellos con 1.000

A.Cubillas

Martes, 5 de abril 2016, 10:02

Rafael Prado Fernández, el monitor acusado de violar a 16 menores en campamentos en el Bierzo y Cáceres de la Asociación Juvenil San Cristóbal, ha sido condenado a 46 años de prisión por doce delitos continuados de abusos sexuales, cuatro delitos de abusos sexuales y un delito de revelación de secretos.

El acusado deberá de indemnizar a cada uno de los doce menores víctimas de abusos continuados con 3.000 euros, a los que no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse durante seis años, y a las cuatro vícitmas de abusos sexuales con 1.000 euros, sobre los que pesará una orden de alejamiento durante cuatro ellos.

Además de la pena de tres años de prisión por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales, se inhabilita al acusado a ejercer cualquier profesión u oficio, contribuido o no, que conlleve el contacto regular y directo con menores durante el tiempo de la condena.

Sin embargo, el juez no estima que el acusado sea autor de 16 delitos de corrupción de menores, como así defendía el Ministerio Fiscal, al entender que los actos no altera o menoscaba la indemnidad sexual de los menores, es decir su bienestar psíquico.

El juez remarca que los menores se encontraban dormidos cuando Rafael realizó los actos sexuales, no pudiéndose afirmar que los menores hayan sufrido trastornos, menoscabos o alteraciones patológicas, adaptativas o psicológicas por ello.

Hechos probados

Aprovechando su condición de monitor de dos campamentos en Carucedo y Guijo de Santa Bárbara, entre el 16 y el 30 de julio de 2011, Rafael accedía a los dormitorios aprovechando que los menores están dormidos y guiado guiado por la intención de satisfacer ilícitamente sus instintos sexuales y con ánimo libidinoso deslizaba la ropa de los menores para realizar tocamientos y lametazos en sus genitales y ano.

Asimismo, según continúa la sentencia de la Audiencia Provincial de León a la que ha tenido acceso este diario, realizaba masturbaciones a alguno de los menores e incluso frotamientos de su pene contra las nalgas de alguno de ellos, llegando en algún caso a eyacular sobre el menor.

Todo ello, con perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo, el acusado procedió a grabar con una cámara Sony con infrarrojos de visión nocturna cada uno de los actos que el propio acusado realizaba sobre cada uno de los menores, utilizados también para ese fin, en soporte adecuado para su posterior visionado.

Concretamente, han quedado acreditados abusos a al menos 16 menores, aunque con algunos de ellos llegó incluso a realizar hasta seis actos de naturaleza sexual.

El juez entiende que Rafael en el momento de cometer los hechos estaba en la plenitud de sus capacidades cognitivas y volitivas, que no estaba anuladas, deterioradas o mermadas ni por el medicamento Artane que estaba tomando para el tratamiento de la enfermedad neurológica de distonía que padecía.

Revelación de secretos

Asimismo, el juez ha entendido probado que desde el año 2010 y aprovechando la circunstancia de que era monitor de natación en las piscinas del Club Deportivo Parque Móvil, situadas en la calle Cea Bermúdez de Madrid, el acusado colocó de forma intencionada una cámara de filmación oculta en una bolsa o mochila de su propiedad para grabar y obtener imágenes de personas mientras se cambiaban de ropa, muchos de ellos menores de edad.

Según la sentencia remitida este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juez ha impuesto dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos, tres años por cada uno de los delitos continuados de abusos sexuales y dos años por cada uno de los cuatro delitos de abusos sexuales.

La Fiscalía solicitaba para R.P.F. un total de 234 años de prisión para este monitor, acusado de un delito de revelación de secretos, 16 delitos de corrupción de menores y 16 delitos de abusos sexuales, 12 de ellos de carácter continuado.

El acusado fue detenido en 2012 cuando su mujer lo denunció tras haber encontrado uno de los vídeos con contenido pedófilo, un material que fue ampliado al registrar también las dependencias del Samur Social en el que trabajaba en Madrid, y desde entonces se encuentra en prisión provisional.

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