El Ayuntamiento de Villaquilambre, en el punto de mira y objeto de una posible detención «ilegal»

El alcalde de Villaquilambre, escoltado por la Policía Nacional. / Campillo

Manuel García fue trasladado en furgón policíal junto a la concejala Mónica Varón y un trabajador del ayuntamiento del alfoz tras prestar declaración durante más de cuatro horas | A media tarde abandonaba la Comisaría, advertía que la policía se había «extralimitado en sus funciones» y negaba la existencia de cualquier irregularidad

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A. C. | N. C. León

Libertad también para otros tres investigados por la UDEF este martes dentro de la Operación Enredadera en León.

En este caso, dentro del Ayuntamiento de Villaquilambre, de donde el alcalde Manuel García; la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Varón; y el técnico municipal salían este mediodía para prestar declaración en Comisaría.

Finalmente, abandonaban las dependencias minutos antes de las ocho de la tarde al igual que los investigados en San Andrés del Rabanedo.

En el curso de las diligencias de investigación a numerosos Ayuntamientos del territorio nacional llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número Dos de Badalona, se había acordado

Precisamente, desde el Ayuntamiento de VIllaquilambre han advertido que la orden del Juzgado de Badalona acordaba la entrada y registro en las dependencias municipales de Villaquilambre, y la «localización» de las personas que habitualmente utilicen los despachos objeto de registro.

Detención ilegal

Sin embargo, continúan, funcionarios de la UDEF procedieron a trasladar al alcalde a las dependencias del Ayuntamiento para llevar a cabo el registro y posteriormente a la Comisaría de Policía de León para la práctica de unas diligencias policiales «que no venían acordadas por el Auto del Juzgado de Instrucción de Badalona».

Se da la circunstancia, continúan, que García es además procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto tiene la condición de aforado, por lo que la detención practicada podría constituir, un delito de detención ilegal.

El artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que «los procuradores «durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito, (que no es el caso) correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

Extralimitación de funciones

Por otra parte, limitándose el Auto del Juzgado de Badalona, que conoce de la causa y expresamente discrimina las personas que habrían de ser detenidas de las que debían ser localizadas, la detención de cualquiera de éstas últimas, como sucede en el caso del alcalde de Villaquilambre, pudiera tratarse de una clara extralimitación, más allá de lo expresamente acordado por el Juzgado.

Por todo, recuerdan que habiéndose acordado por el juzgado de instrucción la detención, «nada justificaba que la misma se llevara a efecto, pues la finalidad de la localización lo está encaminada únicamente a la práctica de la diligencia de registro con todas las garantías y en presencia de la persona que pudiera resultar afectada por dicho registro».

Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre se niega la existencia de irregularidad alguna en los procesos de contratación, asegurando que así resultará acreditado en el procedimiento judicial.

Objeto de registro

Villaquilambre ha sido uno de los cinco ayuntamientos leoneses y uno de los 22 que el Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona ha ordenado su registros en el marco de la operación anticorrupción 'Enredadera'.

Y precisamente este martes han sido numerosos los agentes de la UDEF de la Policía Nacional los que se han trasladado hasta la Casa Consistorial con una «orden de registro previa localización» de su titular en calidad de investigado por la red de amaños

Reacciones

Durante más de cuatro horas los agentes han registrado diferentes estancias municipales mientras el acalde, el popular, Manuel García ha permanecido en una sala de juntas del Ayuntamiento de Villaquilambre, que abandonaba posteriormente en vehículo policial en torno a las 14:00 horas.

La trama corrupta desarticulada este martes por la Policía Nacional en numerosos ayuntamientos de toda España manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el juzgado 2 de Badalona pero que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando, según las fuentes, se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr.

Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.

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