San Andrés denuncia un «bloqueo» de la Junta que «amenaza» la gestión municipal
Presidencia da la razón al Ayuntamiento y admite que se equivocó en la categoría profesional de uno de los miembros del tribunal calificador, pero no recula y sigue paralizando el nombramiento del interventor interino
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha denunciado este viernes «el nuevo bloqueo» ejercido por la Junta de Castilla y León en el proceso de nombramiento de interventor interino en el municipio, tras admitir expresamente que se equivocó en la categoría profesional de un miembro del tribunal de selección.
Publicidad
«Esto no es un error administrativo, es un bloqueo político injustificado que afecta directamente a los 30.000 vecinos de San Andrés del Rabanedo. No se puede permitir que, por intereses partidistas, se deje sin cobertura una plaza esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento», ha lamentado la alcaldesa, Ana Caurel.
La regidora ha recordado que en otros municipios de la provincia sí existen interventores accidentales e interinos «sin que la Junta ponga obstáculos»: «Aquí no hablamos de cuestiones técnicas, hablamos de un trato desigual y de una decisión política que busca paralizar la gestión municipal. No se puede jugar con los servicios básicos del tercer municipio de la provincia».
El Ayuntamiento exige a la Junta que rectifique de «manera inmediata, desbloquee la situación y permita el normal funcionamiento de la Intervención municipal». «San Andrés del Rabanedo no puede ser rehén de batallas partidistas. Estamos hablando de garantizar transparencia, legalidad y seguridad en la gestión de los recursos públicos», ha concluido la regidora.
Las «contradicciones» que denuncian
El Ayuntamiento de San Andrés expone que el 29 de agosto la Junta emite una Orden en la que exige anular el procedimiento alegando que el tribunal estaba conformado mayoritariamente por habilitados nacionales. En esa resolución, la Junta reconoce expresamente que el tribunal estaba formado por 10 miembros (titulares y suplentes): 6 habilitados y 4 funcionarios.
Publicidad
El Ayuntamiento respondió el 1 de septiembre desmontando ese argumento, acreditando que en realidad eran 5 habilitados y 5 funcionarios, y que había un error en la categoría profesional asignada por la Junta a uno de los miembros.
La alcaldesa, Ana Caurel, ha denunciado con firmeza que «la Junta reconoce su error, pero en lugar de solucionarlo, busca excusas para mantener un bloqueo político que castiga a los 30.000 vecinos. Estamos ante un proceso legal y correcto, pero la Junta lo bloquea por intereses partidistas».
Publicidad
Las «duras» consecuencias
Esta situación, señalan desde San Andrés, tiene «un impacto directo sobre la gestión municipal»: «Están en riesgo las nóminas de la plantilla, la tramitación de subvenciones y la aprobación del presupuesto, lo que supone un bloqueo económico y administrativo sin precedentes en el tercer municipio más poblado de la provincia».
«La Junta está paralizando conscientemente la estabilidad económica y administrativa de San Andrés. Mientras en otros municipios no se ponen objeciones, aquí se nos castiga con un bloqueo político que no tiene justificación alguna», ha subrayado la alcaldesa.
Publicidad
El Ayuntamiento exige el respeto a un procedimiento que ha sido desarrollado con todas las garantías legales y que solo requiere del acto formal de nombramiento.
Postura del PP en el consistorio de San Andrés
«Tras la primera reunión del Tribunal celebrada el 16 de mayo, la Junta indicó a regidora leonesista que este órgano, que ella nombra, no podía estar formado por mayoría de habilitados nacionales porque incumplía la normativa que regula el procedimiento. En la segunda reunión, el 30 de mayo así se advierte de nuevo y consta en el acta. Pero la alcaldesa siguió adelante a sabiendas de que el procedimiento podía ser anulado, como así ha sucedido», ha indicado la portavoz del PP en el consistorio del alfoz leonés.
«El PP pedirá explicaciones en el próximo Pleno sobre el empecinamiento de la alcaldesa de la UPL en no dar marcha atrás y sobre porqué no se acogió al concurso de méritos convocado por la Junta el pasado mes de julio que habría facilitado el nombramiento de interventor para San Andrés», añade Noelia Álvarez. También preguntarán «por qué no se han gestionado las subvenciones, ni preparado la liquidación del presupuesto ni la cuenta general cuándo San Andrés tuvo interventor habilitado hasta el 7 de agosto, cuándo la propia alcaldesa pidió su cese por cuarta vez. Es inadmisible culpar a la Junta de ello», puntualizó.
Disfruta de acceso ilimitado y ventajas exclusivas
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión