El Juzgado retira a Cachero como administrador de Asturleonesa y ordena su inmediato ingreso en prisión

Roberto Cachero, en el interior de la explotación minera.
Roberto Cachero, en el interior de la explotación minera.

Cumplirá condena por ocho delitos contra la Hacienda Pública | El auto, al que ha tenido acceso leonoticias, suprime todas sus funciones en el seno de la minera | El administrador concursal asume toda la representación

J.C.

Rodolfo Cachero, el empresario que se comprometió a relanzar Minera Asturleonesa SA, ha perdido toda facultad de acción en el seno de la citada empresa y se prepara para el ingreso en prisión.

Así se desprende de dos autos a los que ha tenido acceso leonoticias y en los que se evidencia que la acción del empresario lejos de servir para poder salvar a la minera en realidad ampliaron las dificultades en las que la misma se encontraba.

En uno de los autos dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 el pasado día 27 de julio se acuerda «suspender las facultades de administración de Rodolfo Cachero Pereda como administrado de la Compañía Minera Asturleonesa, las cuales pasarán a ser ejercidas por la administración concursal».

Ingreso en prisión

Este auto es consecuencia de otro dictado de forma previa por el Juzgado de lo Penal número 3 y en el que se decreta la «detención e ingreso en prisión» del empresario con el fin de que éste cumpla con una pena de cárcel de 30 meses por ocho delitos fiscales agravados por reincidencia.

La condena por defraudación tributaria cometida en la explotación allerana Coto Minero Jove llegó en su día tras una rebaja de un año a diez meses en la pena por cada uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Cinco millones de euros

El Código Penal establece que el máximo cumplimiento efectivo de condena no excederá el triple del tiempo por el que se imponga la más grave de las penas en las que haya incurrido.

Cachero también tiene pendiente el pago de cinco millones de euros en concepto de cuotas tributarias defraudadas y de multas y ya había sido condenado en el año 2000 por otro fraude tributario a cuatro años y ocho meses de prisión.

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