El juicio por el accidente en el pozo Emilio, pendiente del fiscal

Familiares de uno de los fallecidos pide justicia. /
Familiares de uno de los fallecidos pide justicia.

Las acusaciones confían en que la vista oral pueda celebrarse a lo largo del 2018 tras haber presentado su escrito de acusaciones, con penas individuales que en algunos casos superan los 80 años

A. CUBILLAS

El 2018 podría ser la fecha en la que se cierre uno de los capítulos más dolorosos de la crónica negra de la provincia de León. Familiares de fallecidos y heridos confían en que sea el próximo año finalmente cuando se celebre la vista oral por el trágico accidente minero en el pozo Emilio del 28 de octubre de 2013 en el que fallecieron seis personas.

Un proceso que en la actualidad está pendiente del Ministerio Fiscal que, hasta la fecha, aún no ha presentado su escrito de acusaciones después de que el pasado mes de julio la juez del Juzgado de Instrucción nº4 de León imputase a 16 personas por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia.

Entre ellos figura los miembros de la cúpula de la Vasco, es decir, el que fuera el presidente de la Vasco, Antonio del Valle, el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle, el director general, Mario Calvo y el director facultativo del Grupo Tabliza, Jose Eliseo Solis.

Tras casi cuatro años en fase de instrucción, la juez entendió que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias que hubieran evitado el accidente y apreció graves errores en el sistema de ventilación que ponían “en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió”.

Penas individuales de hasta siete año por cada fallecido y herido

A la espera del escrito de la Fiscalía, los representantes de cinco de los seis fallecidos han solicitado penas de entre siete y seis años de cárcel para cada uno de los 16 imputados mientras que los letrados de los heridos han solicitado penas individuales de seis años por delitos de homicidio, lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. De esta forma, las penas acumuladas podrían superar los 80 años para cada uno de los imputados.

Por su parte, los acusados han recurrido el auto de imputación de la juez al entender que el accidente fue “imprevisible” y que la actuación fue “perfecta”, alegando además contradicciones y errores en los informes periciales. Recurso que, hasta la fecha aún no se ha resuelto.

Por su parte, según trasladó Ramón Carro, uno de los letrados que está liderando la acusación, se ha solicitado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas, la incorporación del libro de registro general del segundo relevo que elaboraba diariamente el jefe del segundo relevo, el libro de la Brigada de Salvamento y las hojas de trabajo de los trabajadores de todos los relevos de la planta séptima desde que se inició la explotación.

Asimismo, las acusaciones particulares entendieron necesarios para esclarecer las causas del accidente el libro de registro de los vigilantes de seguridad, las comunicaciones individualizadas por talleres entre los relevos de los vigilantes de la planta séptima y el libro de registro del delegado minero. “Confiamos en que nos las conceda el juzgado antes de la celebración de la vista oral”, remarcó Carro, que espera que sea a lo largo del 2018 cuando tenga lugar la celebración del juicio.

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