Los funcionarios de la Administración Local piden anular el Real Decreto que «multiplica por 20 las obligaciones»

Imagen de la Diputación de León./
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El Colegio Oficial de Secreatrios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de León consideran que es «ilegal, al atribuir puestos de trabajo que no existen»

LEONOTICIAS

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de León han reaccionado a la entrada en vigor, el pasado 19 de marzo de 2018, del Real Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En relación a la atribución de las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería de las Entidades Locales de Ámbito Territorial inferior al Municipio (juntas vecinales), ante las dudas e inquietudes que la norma suscita, han puesto de manifiesto que el reglamento se ha aprobado «ignorando por completo tanto la realidad de la organización y funcionamiento de los Ayuntamientos de la provincia de León, como las alegaciones presentadas por Cosital durante los trámites del R.D.».

Este Colegio Provincial considera que es «manifiestamente ilegal», al contravenir la Ley de Bases del Régimen Local, puesto que atribuye a los funcionarios con habilitacion de carácter nacional funciones en puestos de trabajo que no existen, «ya que no han sido creados por el órgano competente, y que la atribución realizada es incierta, ya que no está claramente determinado qué funcionario con habilitación nacional ha de ser el que realice esas funciones, en el caso de haber varios en el municipio».

En su comunicado también han manifestado que la provincia de León cuenta con 211 municipios y 1.435 entidades locales menores. De ellos, «la inmensa mayoría de los funcionarios con habilitación de carácter nacional de los Ayuntamientos carecen de medios personales y materiales para el adecuado ejercicio de sus funciones. Por esta cuestión, objetan que «a duras penas» pueden cumplir con el cada vez mayor número de exigencias que le impone la normativa actual.

«Ello hace inviable multiplicar por siete, ocho, dieiz, veinte, o más, dichas obligaciones, ejerciendo las funciones reservadas en cada uno de ellas, y más teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las entidades locales menores carecen de recursos siquiera para la adquisición de equipos y programas informáticos, lo que imposibilita materialmente el desempeño de las funciones reservadas».

La Asamblea del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de León ha acordado, por todas las cuestiones anteriormente expuestas, solicitar al Colegio Nacional que se recurra la Disposición Adicional quinta del Reglamento, invocando su nulidad, solicitando por ello la suspensión y, en caso de que el Colegio Nacional no lo hiciera, interponiendo recurso en el propio Colegio Provincial.

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