Uno de cada tres ayuntamientos presenta «incumplimientos reiterados» en la rendición de cuentas en el periodo 2003-2013

Villaquejida es el único municipio que no h rendido ninguna de sus cuentas en esa década siendo además el más grande de la Comunidad, con 967 habitantes

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Uno de cada tres ayuntamientos de Castilla y León presenta incumplimientos reiterados en el periodo 2003-2013 en su obligación de rendir cuentas, ya que 712 consistorios tenían pendiente la presentación de dos o más cuentas generales anuales ante el máximo órgano de fiscalización autonómico. El Consejo de Cuentas, aunque ve una evolución favorable en los últimos ejercicios analizados, reitera su petición a la Junta para que adopte medidas legislativas que penalicen en la concesión de ayudas públicas a quienes no cumplen con la legalidad.

En el Informe de seguimiento de los ayuntamientos con incumplimientos reiterados de la obligación de rendición de cuentas, entregado en las Cortes de Castilla y León para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda por los grupos, el Consejo de Cuentas reconoce que ese número de incumplidores es elevado y considera que puede adquirir un carácter crónico, por lo que ve aconsejable un análisis de las causas que lo motivan.

En concreto, el informe, consultado por Ical, refleja que a fecha inicial de referencia (30 de abril de 2015) había un total de 712 ayuntamientos, un 31,7 por ciento sobre los 2.248 existentes, con una población de 412.777 habitantes, que representa el 16,4 por ciento del total de Castilla y León, en un situación de incumplimiento reiterado en su obligación de rendir cuentas en los ejercicios examinados. De ellos, 466 consistorios (20,7 por ciento) estaban en la franja más elevada, al tener pendiente la cuenta de cuatro o más ejercicios sin presentar.

Sin embargo, el Consejo subraya que el caso más extremo corresponde a 29 municipios que no habían rendido ninguna de sus cuentas en el periodo 2003-2013, especialmente de las provincias de Salamanca, Segovia y Zamora, con siete ayuntamientos de cada una de ellas en esa situación. De este grupo, el de mayor población es Villaquejida (León), con 967 habitantes, y el de menor Jaramillo Quemado (Burgos), con cuatro.

Según el Consejo, 670 de los 712 incumplidores son ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, el 94,1 por ciento, mientras que los 33 restantes, el 4,6 por ciento, tienen entre 1.000 y 5.000. Por provincias, 126 (17,7 por ciento) corresponden a Burgos y 117 (16,4 por ciento) a Salamanca. En términos relativos, el registro más alto está en Segovia (47,4 por ciento) y Zamora (44 por ciento), pero seguidas de nuevo por Burgos (34 por ciento) y Salamanca (32,3 por ciento del total provincial). De ese global, 69 (9,7 por ciento) corresponden a Ávila; 52 (7,3) a León; 38 (5,3) a Palencia; 99 (47,4) a Segovia; 58 (8,1) a Soria; 44 (6,2) a Valladolid; 109 (44 por ciento) a Zamora.

La puesta en marcha de este trabajo de fiscalización impulsó, no obstante, la rendición de cuentas desde que arrancó en mayo; y a fecha de 30 de septiembre de 2015, se situaba en el 85,1 por ciento en el periodo 2003-2013, si bien el Consejo señala una evolución positiva al pasar del 82, por ciento de 2003 al 92,4 del ejercicio de 2013. A pesar de la notable mejoría, existe un número significativo de ayuntamientos que presentan incumplimientos en la obligación de rendición de cuentas, un 14,9 por ciento en los diez años examinados, refleja el informe. Asimismo, el cumplimiento dentro del plazo legal ha mejorado notablemente, pasando del 37,5 inicial al 78,8 por ciento.

Causas de la falta de rendición

Por otro lado, el informe recoge que el número de ayuntamientos con población inferior a 1.000 habitantes que tenían pendiente de rendir dos o más cuentas en el periodo 2010-2013 era de 233. Los municipios de las provincias de Zamora, Segovia y Ávila son los que presentan unos índices de incumplimientos más altos, con el 23,9 por ciento de los consistorios menores de 1.000 habitantes de Segovia, el 20,6 de los Zamora y el 17,1 por ciento de los de Ávila.

En cuanto a las causas, los ayuntamientos señalan como determinantes la insuficiencia de medios, tanto humanos (58,9 por ciento) como materiales (40 por ciento) y el retraso en la llevanza de la contabilidad (37,9 por ciento). Según el informe, la insuficiencia de medios humanos afecta más a los consistorios de Ávila, Valladolid y Zamora; la limitación en medios materiales a los de León y Burgos; y el retraso en la llevanza de la contabilidad tiene más incidencia en los ayuntamientos de Soria.

Entre las medidas adoptadas por los ayuntamientos, la más frecuente ha sido recurrir a los servicios de empresas externas (17,4 por ciento), seguida de la modernización de medios informáticos (14 por ciento) y la solicitud de ayuda a los servicios de asistencia técnica de las diputaciones (10,5 por ciento). Por provincias, las opciones mayoritarias son, en Ávila, Palencia y Segovia, la asistencia de empresas externas; en León la asistencia de la diputación; y en Burgos y Zamora la mejora de medios informáticos.

Recomendaciones

El Consejo reitera la petición a la Junta de Castilla y León para que adopte medidas normativas para que, con carácter general, la rendición de cuentas constituya un requisito indispensable para la concesión o pago de ayudas y subvenciones públicas a las entidades locales, como ya ocurre en las comunidades de Valencia, Galicia, Madrid, Aragón, Cataluña y Canarias.

También se recomienda que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo desarrollen acciones de concienciación y formación orientadas a sensibilizar a los cargos electos de las corporaciones locales, en el puntual cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas. A la Junta, se pide además la comunicación con las entidades locales para que el Registro de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional esté actualizado de forma permanente.

De igual manera, se plantea que se restrinja al máximo, por parte de la administración autonómica, la autorización de acumulaciones para la compatibilización de varios puestos por los funcionarios locales con habilitación naciona, respecto a otras formas de provisión que, aunque de carácter también temporal, resultan más acordes con la naturaleza de las ausencias o vacantes que se pretenden cubrir.