La región presentará alegaciones al Plan Estratégico de la PAC para defender al agricultor activo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ya manifestó en el transcurso del encuentro en el que participan todas las regiones, que Castilla y León hará alegaciones en ese trámite de información pública, para que se reconozca al agricultor activo.

Castilla y León defiende que en todas las modalidades que definan el agricultor activo debería exigirse la afiliación a la seguridad social por la actividad agraria. Desde la Junta entienden que es una buena medida para que se vea reflejado el modelo profesional, ya que es una garantía para la continuidad del sector agrario. No obstante, existe un criterio muy generalizado en el resto de aomunidades autónomas que defienden, por su estructura productiva, un modelo más abierto y ligado a la agricultura a tiempo parcial.

Modelo profesional

Jesús Julio Carnero indicó que «Castilla y León tiene un modelo profesional, que es el que estamos reivindicando, y si no es posible finalmente que este modelo sea la referencia de la definición de agricultor activo, la nueva PAC debe tener discriminaciones positivas hacia los profesionales; me estoy refiriendo a la aplicación del pago redistributivo y la eliminación de la degresividad en ayudas asociadas y en los ecoesquemas».

La propuesta inicial del Ministerio de detraer a todos los perceptores del pago básico la sexta parte del mismo para redistribuirlo de forma uniforme en las primeras hectáreas de todas las explotaciones era «claramente perjudicial para la agricultura profesional de Castilla y León, más identificada con explotaciones extensivas y más dimensionadas que en el resto de España».

En este sentido, el consejero indicó que «Castilla y León ha defendido y defiende que este pago solo se distribuya hacia las pequeñas y medianas explotaciones de los profesionales, no de todos los beneficiarios de la PAC. No obstante, ante la negativa de la Comisión Europea de utilizar este planteamiento, hemos propuesto un modelo alternativo que compense en mayor medida a unos tramos de superficie más identificados con las explotaciones de los agricultores profesionales. En esa línea seguiremos trabajando para defender esta nueva opción en el documento final que se remita a la Comisión Europea».

Ese documento debe estar en la Comisión a 31 de diciembre de este año, mientras que la nueva PAC entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Castilla y León es la comunidad autónoma que más financiación absorbe en la PAC actual en ayudas asociadas, cerca de unos 140 millones de euros al año, prácticamente la cuarta parte del conjunto de estas ayudas en España. A este respecto, recalcó que «la propuesta inicial de aplicar degresividad a estas ayudas, en el sentido de reducirlas a partir de una superficie o cabezas de ganado determinada no es compartida por Castilla y León, justamente porque perjudica a nuestro modelo profesional, y aunque en esta versión inicial se ha eliminado, es cierto que hay comunidades autónomas que defienden su aplicación, por tanto nosotros seguiremos reivindicando en este periodo de información pública el mantenimiento de la eliminación de la degresividad en las ayudas asociadas».

Por último, el consejero reiteró durante su intervención en el encuentro, la necesidad de incorporar un Plan Nacional Sectorial para el ovino-caprino utilizando su buena base cooperativa, para poder frenar la reducción de explotaciones y mejorar la salida comercial de sus producciones, «La versión inicial del Plan Estratégico no lo contempla y es necesario analizar bien esta situación», expresó Jesús Julio Carnero.

Actualmente, en Castilla y León son cerca de 5.500 los ganaderos de ovino y caprino, aproximadamente el 20% del total nacional