La ley del «solo sí es sí» equipara la violencia sexual a la de género

Defensora del «solo sí es sí», Irene Montero tiene una prioridad absoluta desde que entrara en el Consejo de Ministros a mediados de enero para impulsar las medidas feministas de la coalición en la cartera de Igualdad: las políticas de supervivencia. «A las mujeres las agreden, las violan y las matan por el hecho de ser mujeres», recalcó ante la comisión de turno del Congreso de los Diputados en una comparecencia a petición propia para explicar las principales líneas de actuación de su departamento. Se trata de su estreno en el Hemiciclo desde que ocupa su cargo, ya que aún no ha sido requerida para su intervención en el Pleno en ninguna pregunta de control o iniciativa parlamentaria.

El Ministerio de Igualdad ya tiene lista la maquinaria para acabar de blindar el consentimiento sexual ante el auge de la extrema derecha y el negacionismo de Vox en cuanto a la vulneración de derechos para las mujeres. Montero presentará el próximo 3 de marzo en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que contempla la extensión de centros para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día (hasta ahora solo Madrid cuenta con uno) así como la equiparación de la violencia sexual con la de género.

La norma obligará a cambiar el Código Penal en materia de delitos sexuales y está basada en una proposición de ley que Unidas Podemos presentó a mediados de 2018 tras la conmoción que supuso la sentencia del caso de La Manada, una violación de una joven de Pamplona en 2016 por cinco jóvenes.

La ley ampara la necesidad de reconocer que la violencia machista no es solo la que tiene lugar en el ámbito de la pareja, tal y como establece la legislación vigente en España, si bien está pendiente la trasposición del Convenio de Estambul, que amplía el concepto de las agresiones sexuales, la trata con fines de esclavitud, el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina, entre otros. Los castigos que se barajan se reducirían respecto a los que prevé el actual Código Penal para unificar los delitos de abuso y agresión sexualy condenar el no consentimiento.

La conocida como ley del «solo sí es sí» provocó días atrás discrepancias en el Gobierno, sobre todo entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia o la vicepresidencia de Carmen Calvo, pero ya están resueltas y de ahí que la ley se apruebe antes del 8-M.

La ministra ha puesto en valor que exista un Ministerio de Igualdad con los recursos humanos y financieros necesarios para iniciar, coordinar y aplicar políticas de igualdad de género, tal y como recomendaba el Comité CEDAW en el año 2015. Montero ha recordado a todos los que han trabajado por la igualdad en España, desde Soledad Murillo a María Teresa Fernández de la Vega en los últimos años y ha presumido de que la sociedad española sea «históricamente valiente» y luche en defensa de los derechos humanos.

Según Montero, la ley de libertad sexual establecerá «medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado, tales como la familia, la comunidad, el espacio público, el lugar de trabajo, el ocio, la política, la justicia, el deporte, la educación, los entornos digitales y los servicios sociales y sanitarios». Respecto a los datos sobre este tipo de violencias, la ley también establece la creación de un sistema complejo de recogida de datos, en base a estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres.

«Desde 2003 al 19 de febrero de 2020, 1.044 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y 622 mil han pedido información en el 016. Solo en lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por este motivo», ha destacado Montero.

Durante su comparecencia, Montero ha detallado que su Ministerio «quiere ser parte e impulso de una poderosa alianza feminista que haga de España un país más digno, más equitativo, con más derechos, más justo, donde todas las vidas merezcan ser vividas».

La titular de Igualdad reconoció las limitaciones del Gobierno de coalición para abolir la prostitución en España por la división del feminismo y los riesgos que provocaría el debate. «Hay compañeras que no lo son y con las que comparto camino y objetivos». «No me voy a caracterizar por hacer promesas que no pueda cumplir», declaró la ministra.

Por otro lado, Montero se ha comprometido a aprobar antes del verano el proyecto de ley que pretende ampliar derechos al colectivo LGTBI y luchar contra el estigma, la discriminación y las violencias que históricamente ha sufrido.