Sobre reparto de ayudas de los fondos Next Generation para luchar contra la crisis de la covid-19

Es «vox populi» en todos los sectores de actividad española la trascendental importancia que va a tener en un corto/medio plazo el reparto objetivo de los fondos Next Generation para la recuperación de los sectores maltratados por las consecuencias del COVID-19.

Como se ha hecho público, la UE, que ve este paquete de ayudas como una oportunidad única para financiar la digitalización y transformación sostenible de la economía, ha puesto en marcha el programa Next Generation con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de los Estados miembros y como tal, el Gobierno de España, en sus Presupuestos Generales del Estado ya ha incorporado una primera partida de estos fondos, que asciende a una cuantía que se sitúa sobre los 27.000 millones de euros.

Hasta aquí todo son cantos de sirenas, pero a la hora de repartir estos fondos, nos situamos ante un reto administrativo sin precedentes que afrontamos con cierto pesimismo ya que el propio presidente del Tribunal de Cuentas Europeo Klaus-Heiner Lehne recomendó a principios de año de la necesidad de normas más claras y sencillas para las finanzas europeas, además de la exigencia de controles efectivos sobre la manera en que se gasta el dinero y sobre si se logran los resultados perseguidos.

Desde diversos sectores privados están arreciando críticas al Gobierno por la oscuridad de las reglas del juego y el marcado tinte ideológico del que esperan alejarse.

A mi juicio, es momento de alejarse de ideologías y diseñar una hoja de ruta única desde los poderes públicos haciendo participes, ahora más que nunca, en su tramitación - y posterior gestión-, a las entidades locales como administración pública más cercana al ciudadano para que desarrolle ayudas directas a pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, al comercio local, a la hostelería y al turismo.

En clara sintonía con lo manifestado por la Federación Española de Municipios y Provincias, apostar porque estos fondos se asignen directamente a las entidades locales, por concurrencia competitiva sería la forma más ágil y eficaz de ofrecer soluciones al empresario.

Estamos en un momento crucial para la recuperación económica y hay que exigir a nuestros políticos: transparencia, diligencia y priorizar el interés general al particular.