El Gobierno exhibe una mayoría holgada a su cuestionada reforma de las pensiones

Sánchez puede presumir y presume de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia, el real decreto ley ratificado por el Congreso no ha tenido contestación social. «Hoy es un día importante porque vamos a aprobar por primera vez –se vanaglorió también Díaz en los pasillos de la Cámara baja poco antes de que se iniciara el debate– la primera reforma sin recortes para los pensionistas y las pensionistas de nuestro país». La fórmula alcanzada por el ministro Escrivá con el visto bueno de Bruselas y el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal, ha sido duramente criticada, no obstante, tanto por el Banco de España como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por considerar que no asegura la sostenibilidad del sistema y puede disparar el gasto.

El informe del auditor público fue determinante para que el PP, que en un primer momento se movía entre el no y la abstención, acabara rechazándola, junto a Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG (en estos dos últimos casos por razones radicalmente opuestas a las de los tres anteriores). Desde Lisboa, Alberto Núñez Feijóo, alegó que «nadie responsable puede apoyar lo que la Airef –que, por cierto, estuvo presidida en el pasado por Escrivá– no apoya». El líder de la oposición alegó que frente a un modelo que aumenta las cotizaciones de los salarios más altos, su plan es «empleo, empleo, empleo, más cotizantes y cotizaciones más moderadas».

Vox, que también hizo un discurso crítico con un diseño que Escrivá aspira a convertir en «una referencia» para otros países europeos por su «enfoque equilibrado», optó en cambio por la abstención para sorpresa del propio Gobierno. Lo mismo que Junts per Catalunya. Esa fue igualmente la opción de EH-Bildu, a pesar de que en su discurso, Mertxe Aizpurua había alabado el «cambio del paradigma con el que el Estado ha abordado siempre los cambios del sistema, mediante recortes brutales y pérdida de derechos». La portavoz de la formación dirigida por Arnaldo Otegi justificó la abstención en que pese a sus «elementos positivos» la reforma «aún adolece de una apuesta valiente y profunda para satisfacer las necesidades de unas pensiones dignas».

Vox explicó que, aunque cree que las previsiones incluidas por el Gobierno en el real decreto ley no se van a cumplir, coincide en que el texto recoge «algún elemento positivo, como la subida de las pensiones mínimas (contributivas y no contributivas), una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos».

La más crítica, sin duda, fue Inés Arrimadas. Ciudadanos ya fue el único partido que se opuso con rotundidad a subir las pensiones este año un 8,5% (la inflación media del año anterior) y, en este caso, insistió en que se está obviando de forma irresponsable la necesidad de una reforma estructural y se está ocasionando un perjuicio a los jóvenes por puro cálculo electoral. «En España hay 9 millones de pensionistas y el 80% votan. En cambio, hay menos de 5 millones de jóvenes, de los que votan el 60%. Eso es lo que les pasa», recriminó.

Con el PSOE y Unidas Podemos votaron, en cambio, el resto de fuerzas: ERC, PNV, PdeCAT, Mas País, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria. Ahora, el texto –que entre otras cosas contempla que el jubilado pueda optar por el modelo de cálculo de la pensión que más le beneficio, uno que tome como referencia los últimos 29 años, excluyendo los dos de peor cotización, el sistema actual, de 25 años– se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan enmendarlo, pero con su aprobación el Ejecutivo ya se ha garantizado que la Comisión siga desembolsando los millonarios fondos del plan de recuperación.