El Congreso retoma la actividad en un curso determinante para la legislatura

Tras el parón veraniego, el Congreso retoma esta semana la actividad y se prepara para un otoño caliente en el que los grupos parlamentarios sacarán la artillería pesada contra el Gobierno por el decreto de los ahorros de los ayuntamientos, la investigación (o no) a Juan Carlos I o la financiación irregular de Unidas Podemos, entre otros asuntos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez intentará esquivar las balas sin perder de vista la renovación de os órganos constitucionales y la negociación de los Presupuestos, que pretende llevar a la Cámara baja a finales de septiembre y de cuya aprobación depende la estabilidad de la legislatura.

Aunque el Palacio de la Carrera de San Jerónimo será escenario de duelos de alto voltaje en este periodo de sesiones, el presidente del Gobierno ha decidido abrir en el Senado el curso parlamentario. Sánchez comparecerá el martes a petición propia en un pleno monográfico que, previsiblemente, estará centrado en el balance de gestión de la pandemia, que sin el estado de alarma ahora descansa en las comunidades. En la Moncloa atribuyen la decisión de arrancar aquí el curso político a una señal de «respeto» hacia la Cámara territorial. Desde que el coronavirus irrumpiese con virulencia en España, el Ejecutivo ha intensificado el diálogo con las autonomías y Sánchez ha llegado a reunir la Conferencia de Presidentes hasta en 23 ocasiones, la última el pasado viernes.

Un día después, el presidente y su Gabinete acudirán al Congreso para someterse al control parlamentario que estará marcado por los rebrotes y la vuelta del curso escolar. Una cita en la que el socialista volverá a medirse con Santiago Abascal, después de que el líder de Vox anticipara en su último cara a cara que presentaría una moción de censura contra él en septiembre, que a día de hoy, sigue sin materializarse. Una iniciativa, en todo caso, sin visos de prosperar ya que tan solo cuenta con el respaldo de los 52 diputados de Vox y que desde el Gobierno se interpreta como un pulso interno en el seno de la derecha por el liderazgo. «Es sobre todo una moción contra Pablo Casado», defienden fuentes gubernamentales, que creen que el gesto de los de Abascal contribuirá a unir a los socios de investidura.

La salida del país del rey emérito, centrará también parte de la sesión de control al Ejecutivo. La portavoz de JxCat, Laura Borrás, interpelará al ministro del Interior por el coste en su seguridad que está ocasionando a las arcas del Estado. Desde que la Zarzuela anunciase el pasado 3 de agosto, la marcha del padre de Felipe VI, nacionalistas e independentistas han intentado crear una comisión de investigación sobre don Juan Carlos y pedir explicaciones al Gobierno sobre su salida de España, pero la Mesa del Congreso los ha vetado siempre, al entender que la Familia Real es «materia ajena» al control parlamentario del Ejecutivo.

Este organismo en cambio sí validó el último intento de estas formaciones por poner contra las cuerdas a la Corona, al validar su solicitud a la creación de una comisión que indague sobre las empresas que participaron en la construcción del AVE a la Meca. Pero la iniciativa no prosperará. Este martes. la Junta de Portavoces tumbará la comisión con el apoyo del PSOE, del PP, Ciudadanos y Vox al entender que el «propósito implícito» de la investigación es «controlar» la actividad del anterior jefe del Estado. El mismo recorrido que le espera a la comisión sobre la financiación ilegal de Podemos, que pedían los populares y que los socialistas echarán para atrás también en la Junta.

Pero será el jueves cuando el Gobierno tenga que enfrentarse a su primera prueba de fuego en este nuevo periodo de sesiones. El pleno del Congreso debate ese día si convalida o deroga el real decreto municipal, que ha sublevado a regidores de todos los colores políticos a pesar de que desbloquearía el uso de los 14.000 millones de superávit que los Ayuntamientos tienen congelados. Ningún partido –salvo el PSOE, y con algunos alcaldes muy enfadados dentro de sus filas– apoya la iniciativa.

Los aliados parlamentarios de la coalición emplazaron al Ejecutivo a negociar un nuevo texto. Hacienda, sin embargo, no prevé impulsar un nuevo decreto y emplaza a los grupos a llegar a un entendimiento tramitando el decreto como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios en la redacción vía enmiendas a lo largo del procedimiento. Pero la mayoría de partidos ya han advertido de que no les sirven modificaciones puntuales y amenazan con dejar el real decreto sin efecto, lo que supondría un severo revés para el Ejecutivo, que apura hasta el último suspiro para intentar salvar el texto y esquivar el golpe.