La Justicia declara «ilegales» las últimas peatonalizaciones de la ZBE de León

En enero llegó a los Juzgados la denuncia del Partido Popular en el Ayuntamiento de León por los bandos municipales que ordenaron la peatonalización de varias calles en el entorno de Ordoño II. Lo hacía tras el primer varapalo por parte del Procurador del Común que instaba al Consistorio a dar marcha atrás con la peatonalización de varias calles del centro: «Esas medidas cautelares eran denegadas en primera instancia en auto que para nosotros era desconcertante y que, por tanto, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», ha declarado David Fernández, portavoz del PP, que anuncia que «los jueces han dado la razón al Grupo Municipal del Partido Popular en sus denuncias».

«El TSJCyL ha reconocido mediante sentencia de 23 de junio de 2025 la ilegalidad de las actuaciones del alcalde y ha acordado la suspensión cautelar de los bandos de alcaldía del Ayuntamiento de León que impedía el acceso libre de los vehículos a las calles citadas en ese bando», declaran desde el PP tras recibir esta respuesta, en línea de la resolución del Procurador del Común que consideraba «ilegales» varias peatonalizaciones de calles en el entorno de Ordoño II.

Según el portavoz popular «el Alto Tribunal autonómico considera que el alcalde ha actuado contra el ordenamiento jurídico y vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, el TSJ aprecia que el recurso puede perder su finalidad legítima de no otorgarse las medidas cautelares solicitadas«, lo que sí ha ocurrido ya que deja sin efecto la actual ordenación del tráfico en las calles afectadas según el PP aunque desde el Ayuntamiento consideran que »no tiene efecto al no haberse sancionado a nadie«.

«En segundo lugar«, sigue el relato del portavoz popular, »que el otorgamiento de éstas no produce perjuicio ninguno a los intereses generales de la administración ni de los leoneses, afirmando textualmente que los concejales del Partido Popular actuaron en defensa de los intereses generales y que no concurren intereses particulares que puedan ser contrarios a los generales. Y en tercer lugar, que existe apariencia de buen derecho, pues hay unos precedentes judiciales claros sobre estas cuestiones», argumentan desde el PP sobre la sentencia argumentando que el TSJCyL ya ha elaborado sentencias similares para Burgos y Valladolid.

Los populares han vuelto a denunciar que son «723 días los que lleva el alcalde de León vulnerando los derechos fundamentales de los leoneses mediante la restricción ilegal de los ciudadanos a alguna de las calles del centro« como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, »cuyo fin era, según el contrato, crear un área de calmado de tráfico con el objetivo de implantar una ZBE en la ciudad».

Comenta David Fernández que esa ZBE es «innecesaria, improvisada y está mal planteada», y que «carecía además del aval de un proyecto técnico y también del soporte jurídico exigido por la ley», ya que según denunciaban se apoyaba en bandos municipales y no en una ordenanza. Pues bien, pocas fechas después de ese 3 de julio de 2023 y de las elecciones«, según dicen desde el PP gracias a sus preguntas »en el pleno del mes de noviembre de 2023 descubrimos cómo el señor Díez había mentido y engañado a los leoneses antes de las elecciones, diciendo y contratando unas obras de calmado de tráfico, es decir, de convivencia entre peatones y vehículos, para después imponer unilateralmente una zona de prioridad peatonal y finalmente una peatonalización ilegal. Todo ello, como digo, encaminado a la creación de una ZBE en León, que tiene mucho de ideológica y caprichosa y poco racional y justificable«

David Fernández cree que «dadas las condiciones ambientales, económicas y sociales de León, podríamos haber tenido una ZBE sin estas restricciones, pero esta iba a ser la excusa perfecta para que el alcalde llevara a cabo sus planes personalísimos para la ciudad sin debate y sin alternativas. Unos planes que, como denunciamos desde este grupo desde un principio, eran ilegales y además perjudicaban seriamente tanto a la ciudad como a los leoneses».

Desde el PP acusan al equipo de gobierno en el Consistorio leonés de no proponer alternativa a la circulación ni al aparcamiento lo que «ha colapsado la ciudad en su parte central y en la que intentar aparcar es prácticamente imposible. Díez ha convertido el centro de León en un infierno para los conductores, para los ciudadanos». También añaden que el alcalde «estaba tratando de imponer su criterio por las bravas, con la tradicional prepotencia y soberbia que lo caracteriza. Desde hace ya demasiado tiempo lleva pensando y actuando como si este ayuntamiento y esta ciudad fuera su cortijo personal, haciendo y deshaciendo a su antojo y sin arreglo sin más arreglo que a la ley de su propio interés personal y político o incluso sus propias apetencias personales. Una deriva, desde luego, muy peligrosa, que destila un claro estilo antidemocrático y cuyos efectos siempre son muy negativos para la sociedad».

«Pues bien, ante esta situación», el Grupo Municipal del Partido Popular, «consciente de los engaños del alcalde y de la ilegalidad de la situación, las dos cosas, decidió acudir al Procurador del Común de Castilla y León con la intención de que el alcalde diera marcha atrás de su decisión de violentar los derechos de los leoneses de manera ilegal y unilateral. Y en estas se pronunció el defensor del pueblo autonómico en diciembre del año pasado, emitiendo una dura resolución que advertía al alcalde ya de la ilegalidad de sus actos y le instaba a revertir esa situación, permitiendo el acceso a las calles peatonalizadas ilegalmente, mientras que el Ayuntamiento no dispusiera de la preceptiva ordenanza, que como exige la ley, ha de amparar cualquier cambio en el uso de las vías públicas de una ciudad que conlleve una, y esto es importante, restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y además también que ello debería ser justificado con criterios ambientales, económicos y sociales. Y la respuesta del alcalde cuál fue? Pues la habitual, el desdén propio de su soberbia. Nadie sabe más que él de absolutamente todo«, señala duramente David Fernández.

Prosigue Fernández que el alcalde «dijo que con los bandos de alcaldía que se había publicado, pues que esto ya estaba totalmente solucionado y que todo estaba bien. Él, en su despacho, sin debate, sin consulta ni a la ciudadanía ni, por supuesto, al pleno, por supuesto, decidía importantes cambios en la ciudad y restringía derechos fundamentales de los leoneses. Hasta ahí llega esta manera autocrática de actuar».

«Siempre hemos considerado que estos bandos han sido un atajo torticero por parte del alcalde para justificar legalmente unas actuaciones que han generado un enorme caos en la ciudad y una situación de gravísima inseguridad jurídica para todos los leoneses, pero sobre todo para los que residen, tienen propiedades o negocios en las calles afectadas, con una gestión caótica de los accesos, como también denunciamos el pasado mes de febrero, hasta el punto de que ni siquiera se sabe si a día de hoy y desde el pasado viernes 20 de junio si las cámaras están multando o no», resume antes de asegurar que todos estos motivos les llevaron a denunciar en primera instancia y recurrir al TSJCyL cuando no se concedieron las cautelares que frenaban los bandos de alcaldía en los que establecía la nueva regulación de las calles peatonalizadas.

La decisión del Alto Tribunal autonómico la consideran desde el PP como «un golpe rotundo de realidad a la soberbia habitual del alcalde y una enmienda a la totalidad del proyecto estrella de este mandato». Una sentencia sobre la que apuntan dos consideraciones más. La primera es que tiene efectos inmediatos: «Los leoneses ya no tienen restringidos sus derechos fundamentales de movilidad en la ciudad» asegura Fernández. La segunda es que tras esta medida cautelar es que «el pleito principal continúa y en él se van a ventilar todas las acciones realizadas en estas calles, por ejemplo, las relativas a su regulación o al cambio de la finalidad del proyecto original por decisión unilateral del alcalde».

El portavoz del PP considera que «este es un buen ejemplo de la importancia democrática del papel de la oposición en una administración, más aún cuando quien gobierna tiene habitualmente comportamientos de carácter autocrático y un desdén permanente por la legalidad».

David Fernández ha comparado la actuación del alcalde con la de un responsable de una empresa privada: «el señor Díez estaría despedido desde hace mucho tiempo por los continuos reveses judiciales, los millonarios sobrecostes que tienen para los leoneses su gestión caprichosa y torpe y también por su nula capacidad para hacer funcionar adecuadamente los servicios municipales a pesar del continuo incremento del gasto».

«Y aquí, aunque esto no sea una empresa privada», añade el líder de los populares en la ciudad, «y esto sea una administración pública, debería ser igual, pero me temo que no lo va a ser. El alcalde no va a renunciar, es más, ni siquiera va a salir a perdón a pedir perdón públicamente abochornado por sus decisiones negligentes. Más bien seguramente en un nuevo alarde de soberbia dirá que no tenemos ni idea o que en realidad pues que esto no es para tanto».

Desde el PP han criticado otros proyectos y decisiones que denuncian han costado «más de un millón de euros por la negligente actuación en la gestión del aparcamiento de San Marcelo» o «cuatro millones de euros de contratos en precario».

«Dejo estas preguntas en el aire», ha continuado Fernández «esperando que alguien las responda, esperando a ver si la Unión del Pueblo Leonés, que se dice oposición, pero que son dóciles socios de gobierno y cooperantes en la sombra de esta chapuza legal, se pone de una vez por todas serios con el alcalde y no repite papelones como el de llegar a tachar un día la gestión del alcalde como negligente y al día siguiente abstenerse en una moción de reprobación por ese mismo asunto».

Además de exigir que acate la decisión judicial y revierta el uso de vías al estipulado en el contrato de obras, el PP, pide «que se paralice la actual tramitación de la nueva ordenanza de movilidad por su contenido relativo a la ZBE, retirando el punto del orden del día del pleno que tendrá lugar el próximo viernes 27 de junio» porque, a su entender, «no se puede aprobar una ordenanza fraudulenta que nace viciada tratando de justificar a posteriori una serie de actuaciones llevadas a cabo hace muchos meses que ha violentado los derechos de los ciudadanos y que han sido tumbadas por los tribunales como consta en esta sentencia.»

Pide David Fernández que impere «el sentido común» y se inicie el proceso de creación de una ZBE «ajustada a la ley, sincera y asentada sobre la premisa del diálogo con los grupos municipales y no sobre la unilateralidad del alcalde en su despacho».

Carlos González Antón, exconcejal con Ciudadanos y abogado que lleva el caso asegura que «a efectos prácticos, esta sentencia supone que no se puede limitar el tráfico ahora mismo y que no se puede multar». Añade el letrado que «es una sentencia que es directamente ejecutiva y la suspensión hace que todas las regulaciones tanto del bando como los decretos que aprobó el alcalde, al no tener carácter reglamentario, al no ser norma, sino ser meros actos administrativos y son suspendidos, esa suspensión afecta directamente a la vida y al devenir de la vialidad y la movilidad de los ciudadanos en León».

Ordoño II, al estar dentro de la anterior ordenanza no se ve afectada por esta decisión pero sí san Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, y la zona de Los Cubos.

Todo volvería a cambiar si el viernes se aprueba una nueva ordenanza sobre la ZBE que daría apoyo jurídico a las decisiones aunque, como aseguran desde el PP y su abogado, «no se sustentaría ante los jueces porque ha quedado demostrado que han cometido graves ilegalidades y graves restricciones de derechos fundamentales de los leoneses».

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