Bruselas da un ultimátum a España y declara ilegal el peaje León-Asturias
El Gobierno justifica su decisión «en el interés común» y apurará todas las vías, a través de recursos, antes de corregir la prórroga de 29 años en la concesión de la AP-66
La Comisión Europea ha enviado un nuevo ultimátum al Gobierno para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y Ap-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas; un asunto que de no resolverse en el plazo de dos meses los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Bruselas «insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas», ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.
España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, para posteriormente vender ambas concesionarias «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario.
Por ello, Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen «modificaciones sustanciales» que son «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un «procedimiento de licitación competitivo», de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
Así las cosas, los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y «tome las medidas necesarias» para corregir las irregularidades.
A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La respuesta del Gobierno de España
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible agotará todas las vías de respuesta, incluida la interposición de recursos, ante el ultimátum lanzado por Bruselas para que España enmiende las irregularidades cometidas en el año 2000 en las prórrogas otorgadas a la concesión de las autopistas AP-66 y AP-9.
Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press defienden que las políticas del Gobierno actual «van en la dirección contraria» a mantener los peajes, pero que, en este caso, están respondiendo a todos los requerimientos de la Comisión Europea «por responsabilidad y para velar por el interés común».
La finalización de esos contratos de peaje podría suponer incurrir en un gran gasto para las arcas públicas, debido a las indemnizaciones que el Estado tendría que pagar por retirar un contrato a una empresa privada.
En este sentido, las mismas fuentes inciden en que fue el Gobierno de José María Aznar el que llevó a cabo esas prórrogas desde 2023 hasta 2048 en el caso de la AP-9 gallega y desde 2021 a 2050 en el de la AP-66, que va desde León a Asturias. «Si estamos en esta situación, es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular», justifican.
La Comisión Europea considera que esas prórrogas vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas; un asunto que de no resolverse en el plazo de dos meses, los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Bruselas «insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas», ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.
Bruselas esgrime que España amplió la duración de las concesiones «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria.
Por ello, Bruselas considera que ambas prórrogas constituyen «modificaciones sustanciales» que son «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un «procedimiento de licitación competitivo», de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
