El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»

El posible aplazamiento de Verifactu hasta 2027 ha provocado un profundo malestar entre los autónomos leoneses, especialmente entre quienes ya habían adquirido programas de facturación, actualizaciones o suscripciones anuales para adaptarse a la normativa que debía ser obligatoria en 2026. La noticia saltó este martes, 2 de noviembre, dejando desorientado a un sector que ya estaba preparado para el cambio.

Verifactu es un sistema que obliga a que cada factura se registre automáticamente en la Agencia Tributaria, con el fin de combatir el fraude y reforzar la transparencia. Esta obligación había llevado a numerosos profesionales a modificar sus sistemas de gestión y contabilidad en los últimos meses.

Desde la asociación AUPA, su portavoz Camino Delgado describe el descontento generalizado entre los pequeños negocios de León. Explica que sienten que se les trata como a grandes defraudadores cuando, según afirma, «los pequeños autónomos no tienen nada que ver con las grandes empresas» y considera injusto que se les meta «en el mismo saco».

Añade que la situación del comercio local es crítica y que la ciudad lo refleja a simple vista. Asegura que basta con «dar una vuelta por el centro de León para ver locales cerrados» y lamenta que «León se muere, igual que muchas otras ciudades», mientras los pequeños autónomos siguen desapareciendo.

Delgado denuncia también la acumulación de cargas y obligaciones que afrontan. Comenta que, además de Verifactu, deben asumir cuotas más altas, normativas de protección de datos y nuevas exigencias laborales. Y subraya el impacto económico inmediato del aplazamiento, recordando que muchos habían comprado ya los programas que iban a ser obligatorios y que ahora «no saben qué hacer con ellos». Recalca que criminalizar al pequeño autónomo carece de sentido, porque hoy «casi todo se paga con tarjeta» y en la mayoría de sectores «todo viene con factura», lo que reduce al mínimo cualquier posibilidad de fraude.

También apunta a que Europa presiona para que los autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual no paguen IVA y, según afirma, esa posibilidad en España «ni se contempla». A todo ello se suma, dice, un descenso general del trabajo que afecta a todos los colectivos: «No hay dinero. Lo comido por lo servido. Estamos todos vendidos».

Uno de los asesores de la asesoría Serpyme, Javier Pérez García, confirma que el esfuerzo económico ya estaba hecho en casi el total de sus clientes. Explica que muchas empresas habían utilizado el Kit Digital para adaptarse a Verifactu y que la actualización de los programas no solo requiere inversión inicial, sino también un mantenimiento constante.

Detalla que en su asesoría, cerca del 90% de las sociedades estaban ya adaptadas para el 1 de enero, y el resto iba camino de estarlo en las próximas semanas. La inversión no ha sido menor: actualizaciones de entre 400 y 500 euros, nuevos programas desde 10 euros al mes con una instalación de 250 euros, o versiones más avanzadas que alcanzan los 40 euros mensuales. Y recuerda que muchas suscripciones fueron anuales, por lo que no pueden revertirse sin pérdida económica.

Las dudas, además, son constantes. Explica que algunos clientes han empezado a llamar tras escuchar la noticia, pero que hasta que no se publique en el BOE no se podrá confirmar nada. Y añade que el real decreto debe pasar aún por el Congreso, por lo que la incertidumbre es total: «No sabes qué decirle al cliente porque no sabes qué va a pasar».

Desde Ártico Asesores, el asesor fiscal Guillermo Díez reconoce que las asesorías también han tenido que invertir una gran cantidad de tiempo. Explica que muchas personas no querían adaptar sus sistemas, pero que llevaban semanas convenciéndoles de que era obligatorio. Algunos ya se habían puesto al día y otros planeaban hacerlo este mismo mes.

Díez comenta que también ellos han dedicado horas de formación para poder orientar correctamente a sus clientes y que incluso ya estaban coordinados con los informáticos para que los sistemas estuvieran listos en la fecha prevista. Por eso considera especialmente frustrante que ahora se retrase todo, después de tanto trabajo realizado. «Los clientes han hecho un esfuerzo económico importante», recuerda, y ahora ven cómo la obligación se pospone «cuando se suponía que iba a entrar en vigor ya».

Temas

• Hacienda
• León (Capital)
• BOE