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El Constitucional alemán tumba el límite al precio de los alquileres en Berlín

La decisión llega en medio del intenso debate entre los socios del Gobierno español sobre cómo limitar los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda

JUAN CARLOS BARRENA / CLARA ALBA

Berlín/Madrid

Jueves, 15 de abril 2021, 10:38

El Tribunal Constitucional Alemán ha declarado hoy «nula en su totalidad» la ley vigente en la ciudad-estado de Berlín que congelaba y limitaba los alquileres de viviendas en función del distrito, estado de conservación y metros cuadrados de superficie. La sentencia supone una gran derrota para el gobierno de coalición rojo-roji-verde en la capital alemana, formado por socialdemócratas, La Izquierda y Los Verdes, que pretendía con esa ley frenar la escalada de precios de los alquileres en la ciudad, debido a la fuerte demanda y la escasa oferta.

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Dictado tras sendas denuncias de la oposición conservadora y liberal en la metrópoli prusiana, que consideraban la ley un atentado contra el derecho a la propiedad, el veredicto supone un serio revés también para las asociaciones de inquilinos. Los jueces del Constitucional germano subrayaron que las autoridades regionales de Berlín no tienen competencias para dictar una normativa de ese tipo, toda vez que el estado estableció ya en 2015 una normativa a nivel nacional para detener las subidas abusivas de los alquileres.

La ley para la limitación de la subida de los alquileres de Berlín es un caso único en toda Alemania y tenía su vigencia limitada a 2025. Desde el 23 de febrero de 2020 estableció la congelación de los alquileres de 1,5 millones de viviendas en la ciudad a los niveles de junio de 2019. En el caso de que una vivienda cambiara de inquilino, sus propietarios estaban obligados a mantener el alquiler establecido y solo podían aumentarlo dentro de unos límites estrictos establecidos en base a la localización del objeto inmobiliario, su tamaño y conservación. Todo alquiler superior en un 20% a las viviendas similares de su entorno era considerado ilegal y el dueño podía ser obligado por ley a reducirlo. La violación de la norma podía ser castigada con multas de hasta medio millón de euros. La ley no se aplicaba, sin embargo, a nuevas viviendas construidas a partir de 2014.

En su poco más de un año de vigencia, la controvertida ley no consiguió, sin embargo, resolver el creciente problema de los alquileres de vivienda en la capital alemana. De su funcionamiento se han beneficiado exclusivamente los inquilinos de las caras viviendas de construcción antigua y gran tamaño en el centro histórico de la ciudad. En muchos casos sus alquileres se vieron reducidos de la noche a la mañana en muchos cientos de euros.

Pero todos aquellos que buscaban y buscan vivienda de alquiler en Berlín vieron la oferta más reducida aún. Muchos pisos de alquiler que quedaban libres en los últimos meses pasaron al mercado inmobiliario para venderse a precios que muchos hogares ya no pueden permitirse. A los antiguos dueños les salía más rentable vender que seguir alquilando. Actualmente no es raro en la capital alemana que para un piso libre en alquiler se presenten más de 400 interesados. Los expertos inmobiliarios consideran que en un mercado como el de Berlín, donde la demanda es desproporcionadamente muchísimo mayor que la oferta, es imposible recuperar el equilibrio con intervenciones públicas para controlar los precios y solo una política de construcción de viviendas sociales puede a la larga ayudar a compensar la demanda.

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La decisión de la justicia germana coincide con el intenso 'tira y afloja' que los dos socios del Gobierno español mantienen desde hace meses para establecer las fórmulas que marcarán los límites al precio del alquiler en la futura Ley de Vivienda.

En concreto, Podemos siempre ha puesto como ejemplo el modelo berlinés para defender que el control del alquiler, a través de un índice de precios que establecerían las comunidades autónomas en las zonas consideradas como 'tensionadas', resulta eficaz en el corto plazo.

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Aunque reconocen que la medida tendría que venir acompañada de otras, como una mayor oferta de viviendas públicas en alquiler, la formación morada insiste en que su propuesta fue parte del acuerdo de Gobierno, frente a una firme oposición del PSOE a una limitación obligatoria de renta que no gusta nada en el partido, que en las negociaciones para sacar adelante la nueva norma sigue apostando por los incentivos fiscales, especialmente para los propietarios, como fórmula para limitar los precios.

Defienden, de hecho, que las medidas que se han llevado a cabo en otros países como la propia Alemania no han demostrado ninguna eficacia en cuanto a esa contención de rentas, apuntando a que, en realidad, tienen un efecto de contracción de la oferta a corto plazo.

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Este control de los precios se ha convertido en el punto más espinoso para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga en marcha la nueva ley cuyos detalles definitivos se esperaban para antes de que terminase el mes de marzo. Pese a lo alejadas que están las posturas en este punto, PSOE y Podemos sí han alcanzado acuerdos en otros puntos importantes, como la decisión de aplicar un recargo en el IBI de los inmuebles residenciales vacíos.

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