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Manifestantes en Madrid. Efe
La eterna lucha del campo sigue sin respuesta

La eterna lucha del campo sigue sin respuesta

Los agricultores y ganaderos llevan protestando por los bajos precios desde 2019, lo que supuso la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, pero denuncian que sigue sin cumplirse

Domingo, 20 de marzo 2022, 12:50

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Antes de que estallara la pandemia, el campo estaba en pie de lucha. Protestaban bajo la consigna de 'Agricultores al Límite' contra la precarización, los bajos precios a los que tenían que vender sus productos que hacían insostenible la actividad de muchos de ellos y por el descontrol de las importaciones de terceros países. Pero la crisis sanitaria mundial trastocó todos sus planes y pararon las movilizaciones.

Aquellas protestas dieron lugar a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria (en vigor desde 2013), con el objetivo de prohibir vender a pérdidas, es decir, cobrar menos de lo que se ha pagado por la producción. La norma busca una relación más justa entre productores, industria y distribuidores. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, esta ley es «la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura» y con su reforma el Gobierno daba respuesta a la mayor reivindicación planteada por las asociaciones agrarias que llevaban convocando movilizaciones por toda España desde 2019. Aún así, las organizaciones de agricultores y ganaderos denuncian que no se está cumpliendo y que la situación sigue siendo insostenible, y es por ello que ahora se están retomando las protestas.

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Los regantes han avisado de que la subida de la luz amenaza la supervivencia de muchos cultivos. Desde Fenacore recaman un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, lo que abarataría un 30% la factura eléctrica de los agricultores.

En una entrevista a este periódico, Planas asegura «entender el malestar» del campo, cuya situación además se ha agravado estas últimas semanas por las subidas de precios. Explica que la problemática es «difícil» porque estamos ante el reto de orientarnos hacia «sistemas alimentarios sostenibles». En su opinión, el sentimiento de fondo es que «el mundo rural quiere ser escuchado ya que fueron esenciales en los momentos más duros de la pandemia».

El ministro Planas asegura que el sector está en un buen momento, dentro de las dificultades que toda la economía atraviesa. «Superamos los 60.000 millones de euros en exportaciones, con un balance comercial positivo de 19.000 millones», detalló esta semana. Aún así, reconoció que el incremento de los precios de los fertilizantes, los piensos y, sobre todo, la energía supone una «preocupación» en el sector que está intentando «no quedarse atrás» y ser «protagonista» en la nueva etapa postpandemia.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que las políticas del Gobierno son «ineficaces» porque «dan la espalda a quienes trabajan día a día para llenar las neveras de todos los españoles y para cuidar de un medio ambiente que todos necesitamos y del que todos disfrutamos», señalan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Este lunes se reúnen los ministros europeos de agricultura en Bruselas para abordar cómo la Política Agraria Común (PAC) puede dar respuesta a los retos actuales tras la invasión de Ucrania. Entre otros, se abordarán temas como la posibilidad de flexibilizar temporalmente las condiciones de las rotaciones obligatorias de cosechas, utilizar barbechos o superficies de interés ecológico. De esta reunión, el ministro Planas espera obtener «una buena dotación económica» para España de los 500 millones de euros que se movilizarán.

Menos impuestos y más financiación para hacer frente a la sequía

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto con medidas fiscales y laborales para aliviar la situación de los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Entre las más destacadas, la reducción del 20% en los módulos por los que declaran el IRPF, la exención del pago del IBI para las explotaciones que hayan visto mermados sus rendimientos o una línea de créditos ICO dotada con 10 millones de euros.

También permite la reducción del número mínimo de jornadas cotizadas de 35 a 20 horas para que los trabajadores eventuales del sector de Andalucía o Extremadura puedan acogerse al subsidio de desempleo o a la renta agraria.

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