Clamor en León por el peaje a Asturias a la espera de movimientos tras el anuncio de ilegalidad de Bruselas
El Ministerio de Transportes asegura que la declaración de la Comisión Europea de que la prórroga del Huerna activada desde el año 2000 vulnera la normativa no supone «la eliminación» del peaje
Expectativas, dudas y un nuevo horizonte que se abre tras conocer la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal la prórroga concedida al peaje entre León y Asturias por la AP-66. Según anunciaba el jueves Bruselas, la prórroga del contrato de este peaje y del de la AP-9 en Galicia así como el posterior proceso de privatización de las concesiones vulneraron las directivas de la Unión Europea.
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De este modo el ejecutivo europeo da al Gobierno de España dos meses para que modifique esta situación y lanza una advertencia: de no hacerlo, el caso podría llevarse al Tribunal de Justicia de la UE y España se vería expuesta a posibles sanciones.
Transportes asegura que queda recorrido
Mientras muchos ven en este anuncio de Bruselas un halo de esperanza para la supresión del peaje, el Ministerio de Transportes se muestra más conservador y asegura que todavía hay recorrido, más allá de la supresión del pago, para arreglar la situación. Si bien en España la postura del PSOE es culpar a los populares por la prórroga del contrato, ante Bruselas defiende la legalidad de los acuerdos cuya revisión obligaría a pagar indemnizaciones a las concesionarias.
Se abre ahora un nuevo frente en Transportes, que debe tomar medidas. Según recoge El Comercio, el ministerio de Óscar Puente cree que la decisión de Bruselas «no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas, puesto que ahora nuevamente España tiene la oportunidad de responder al mismo». Así, «se analizará la situación» y «se agotarán las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos».
Fue el gobierno de José María Aznar quien aprobó la prórroga a principios de siglo, por lo que el actual ejecutivo achaca a los entonces dirigentes la realidad de hoy día. Desde Transportes sostienen que su política se ha centrado en mejorar las bonificaciones al transporte pesado y a los vehículos ligeros que más usan el Huerna (actualmente en obras) y mantienen la defensa de la legalidad del contrato de concesión para «velar por el interés común».
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Cuatro años en busca de la supresión
En la provincia de León estos años no han sido pocas las voces que han exigido la supresión del peaje de la AP-66 que conecta la provincia con su vecina Asturias. En junio de 2024 los parlamentos de ambas comunidades requirieron al ministro Puente que tramitase la supresión. Tanto Castilla y León como el Principado pedían la reversión del peaje y reclamaban un estudio de acciones jurídicas para ser parte del proceso.
En mayo del mismo año Unión del Pueblo Leonés presentaba en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para llevar a debate el mismo tema atendiendo por entonces a otro anuncio de Bruselas en el que apuntaba a la ilegalidad de la prórroga de la última concesión del peaje. Los leonesistas explicaban entonces que esta sería la solución «más conveniente» para el territorio leonés.
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Fue en 2019 cuando comenzó el periplo que nos ha traído hasta aquí. Una asociación gallega denunció ante Bruselas la situación de la AP-9 y en septiembre de 2021 el diputado de Podemos por Asturias, Daniel Ripa, hizo lo mismo con la AP-66. El proceso sigue adelante a la espera de los próximos pasos de Transportes ante el ultimátum de Bruselas.
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