PSOE y UPL-Soria Ya critican a la Junta por el bajo grado de cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas

La oposición parlamentaria criticó este lunes a la Junta de Castilla y León por el bajo grado de cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en 2021, un 38 por ciento, y exigieron al Gobierno autonómico que «de ejemplo» al resto de administraciones. El debate se produjo en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde el presidente del órgano fiscalizador, Mario Amilivia, presentó este lunes el Informe de seguimiento.

El procurador del PSOE Eugenio Miguel Hernández puso de relieve que la Junta «debería ser la administración que más más velara por el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas». «Un 38 por ciento es un dato malo, comparado con el 48 por ciento de 2020, y el 60 por ciento 2019», dijo. «La mujer del César además de serlo debe parecerlo», aseveró.

Hernández recordó que el resultado global del informe es «claramente positivo», con un 75 por ciento de aceptaciones, «pero baja seis puntos respecto a 2020», y un 51 por ciento de cumplimiento, con un descenso de cuatro puntos. »Se debería poner foco para que este retroceso no se repita», dijo, para desear que este descenso responda sólo a la falta de incorporación de personal cualificado en informática a los ayuntamientos.

En este contexto, constató que «hay mucho camino por recorrer» y la Junta «debería hacer algún tipo de campaña de información para que en futuros ejercicios el grado de aceptaciones y cumplimientos tengan ratios mayores que los actuales».

El procurador del Grupo UPL- Soria Ya José Ramón García denunció que «muchas» de las recomendaciones del Consejo de Cuentas «no se tienen en cuenta o se consideran como deben» cuando están dirigidas a «mejorar la gestión y la calidad de los servicios públicos» que prestan las administraciones. «Espero que se valore más su trabajo y se eleve el porcentaje de cumplimiento», dijo,

García apuntó directamente a la Junta de Castilla y León como «garante del sistema público» de la Comunidad, que es la de «menor» porcentaje de aceptación de las recomendaciones del órgano de fiscalización, con un 68 por ciento. Asimismo, criticó que su porcentaje de cumplimiento se sitúa en el 38 por ciento. «La Junta debería tener en cuenta las recomendaciones y su trabajo y esperemos que en años sucesivos esos porcentajes se mejoren», dijo, para apelar por unas «administraciones más transparentes».

Por su parte, la procuradora del PP Mercedes Cofreces puso de relieve en su intervención que desde el Consejo de Cuentas emanan «recomendaciones que no obligaciones».

En este sentido, explicó que las auditorias permiten definir un «camino» para que esas administraciones tengan un «apoyo» para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos.

Agregó que «muchas veces» el cumplimiento de esas recomendaciones «está sujeto a la realidad de los entes, a los recursos disponibles, y a veces no tienen capacidad de respuesta», y también no se cumplen por «discrepancias» por parte de los interventores de la Junta, que no comparten un alto porcentaje «por criterios técnicos».

Por último, el procurador de Vox Javier Teira remarcó que las recomendaciones del Consejo de Cuentas no son vinculantes y «dada la inexistencia» de un poder coercitivo del órgano fiscalizador para su aplicación incidió en la importancia de que «todas las administraciones entiendan el papel» de sus conclusiones.

Teira insistió en que esas recomendaciones son un medio para la mejora de la gestión y apeló al Consejo de Cuentas para que siga avanzando en su trabajo «con criterio constructivo» y traslade aspectos «concretos y fáciles de comprender» dirigidos a los responsables de adoptarlos.

Así, sentenció que «de poco servirá ese esfuerzo» del órgano fiscalizador su año tras año se repiten las mismas debilidades en sus informes «y las cosas siguen igual». Aseveró la importancia del control financiero para reducir el gasto público innecesario y elevar la calidad de los servicios. «Es preciso que las administraciones entiendan que deben acometer los cambios que le indican los controles», sentenció.

Por último, recalcó la asunción del 75 por ciento de las recomendaciones en 2021, pero apuntó a los municipios, que se «deberían sonrojar» por la falta de cumplimiento de las necesidades de personal especializado en informática.

El presidente del Consejo de Cuentas insistió en sus respuestas en que los datos de su informe son «positivos» aunque asumió que les gustaría que se cumplieran todas sus recomendaciones.

Amilivia expuso a los parlamentarios que cualquier incumplimiento justifica el informe de seguimiento y argumentó que «la fiscalización nunca concluye, hay un bucle, se mantiene en el tiempo». «Es una idea equivocada de que tiene un punto y un final, no es así. Nunca concluye definitivamente», dijo a los procuradores.

Asimismo, defendió la metodología empleada de elaborar un informe de seguimiento anual, frente al bianual del Tribunal de Cuentas y el cuatrienal del Tribunal de Cuentas Europeo. En este sentido, asumió que los plazos para que se cumplan las recomendaciones de estos entes es mayor.

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