Podemos buscará apoyos en las Cortes para poner en marcha una comisión de investigación sobre las residencias de ancianos

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, anunció que buscará en el Parlamento Autonómico los apoyos políticos necesarios para la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los «dramas» vividos en las residencias de mayores de la Comunidad, situación que aseguró es «gravísima y dantesca».

Fernández, que esta mañana ofreció una rueda de prensa telemática para explicar las propuestas de Podemos al pacto para la reconstrucción de Castilla y León, plan que en su opinión debe tener entre sus objetivos prioritarios el fortalecimiento de los servicios públicos, indicó que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades debe asumir sus responsabilidades y criticó calificó de «disparate» que su titular reconozca fallos y a vez destaque que muchas cosas se hicieron bien. El portavoz de la formación morada cuantifica en 2.540 millones de euros la inversión para que el plan tenga los efectos deseados y recalcó que es el momento «de pasar de las palabras a los hechos. La reactivación económica pasa por un gran esfuerzo presupuestario que permita poner en marcha todas las medidas. Podemos no se sumará a ningún pacto vacío», indicó.

Pablo Fernández también argumentó que es necesario un cambio «radical» de modelo en las residencias, para dotarlas de una asistencia sanitaria adecuada, a la vez que recalcó que su propuesta es incrementar en un millar el número de plazas públicas.

En cuanto a sus propuestas para el plan de reactivación econónmica y social, Fernández recalcó que además del fortalecimiento de los servicios públicos, es necesaria una apuesta decidida por empleo de calidad aprovechando los recursos endógenos de Castilla y León, y la puesta en marcha de un «escudo social» para que nadie se quede atrás en esta crisis y en cambios fiscales.

En materia sanitaria Podemos plantea un aumento de recursos de forma general, una reducción de los conciertos sanitarios y «evitar en el futuro» modelos de colaboración público-privada. También pide que se mantengan las contrataciones de personal sanitario realizadas durante las semanas de estado de alarma y reforzar las plantillas de todo el personal sanitario, tanto en medicina especializada como en Atención Primaria. Además, instar al Gobierno al aumento de las plazas MIR, EIR y PIR, y el establecimiento de un Plan de Vigilancia Epidemiológica.

Además propone «blindar» el sistema social y ampliar la financiación comprometida en el Acuerdo Marco actual 2020-2023 y reclama un aumento de 80 millones para este año cien millones más en los próximos tres años.

Complementar las prestaciones y servicios de las entidades locales desde el Gobierno Autonómico, establecer un nuevo protocolo de derivación para detectar mejor en las necesidades sociales y la provisión de presupuesto destinado a las becas comedor, son otras de las medidas.

En cuanto a la línea de ayudas al alquiler de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se pide la ampliación de los 18,6 millones de euros actuales anunciados hasta los 30 millones de euros durante el año 2020 y también se propone establecer criterios excepcionales para la extensión de la Renta Garantizada de Ciudadanía con carácter retroactivo a personas y familias que hayan dejado de percibir ingresos desde el pasado 14 de marzo.

En materia económica desde Podemos se recuerda que el tejido empresarial de Castilla y León en un 95 por ciento está compuesto por Pymes, por lo que es necesario consolidar a esas empresas para que puedan seguir generando riqueza y empleo. Junto a la industria y el I+D+i , también se propone un apoyo especial al sector turístico dotado con 50 millones de euros. De esta forma, la formación morada propone una batería de ayudas para autónomos y pymes, incluidas campañas de promoción del pequeño comercio.

En materia de empleo propone reforzar del Plan de Empleo Local hasta los 80 millones, así como la ampliación del plan de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables que finaliza su vigencia en este año, y aumentar su cuantía hasta los 100 millones de euros.