El pasaporte covid en Castilla y León tendrá uso «localizado» y según la saturación hospitalaria
El comité de expertos se reunirá para determinar las actividades en las que su uso será obligatorio y se movilizarán los servicios jurídicos para «encajarlo» en las sentencias que existen al respecto | No se estigmatizará a sectores y la aplicación será en espacios cerrados en general
Castilla y León avanza hacia la implantación del pasaporte covid que restringirá el acceso a algunas actividades a aquellas personas que no se hayan vacunado.
El portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha avanzado que se ha solicitado al comité de expertos que analice esta situación para la elaboración de un documento y, en base a dicho informe, se requerirá a los servicios jurídicos que «encajen» la norma en las sentencias emitidas al respecto.
Por áreas de salud o municipios
Según ha informado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, el vicepresidente ha señalado que la implantación de la exigencia de disponer de la tarjeta vacunacional se realizará «de forma localizada», es decir, por municipios o áreas de salud, y tendrá relación directa con la situación sanitaria de cada provincia.
Aunque aún no existen niveles de corte que establezcan la obligación de presentar el documento o no para dichas actividades, sí que se ha manifestado que el riesgo lo establecerá la saturación sanitaria y no la incidencia acumulada como hasta ahora.
«Lo que nos preocupa es la situación en los hospitales, no que haya más o menos casos», ha recordado Igea.
No será sólo en hostelería
Además, la Junta descarta la aplicación del pasaporte covid por sectores y sí en espacios cerrados en general, donde el riesgo de contagio sea más alto. «No se estigmatizará a ningún sector, se hará en los espacios donde el riesgo de contagio sea más intenso».
El portavoz confía en que no habrá ningún problema para adoptar esta medida ya que «la legalidad está aprobada por el Supremo y tenemos que adaptarnos a las jurisprudencias que hay al respecto».
Esta medida se espera que ayude a la población más rezagada a acudir a vacunarse, especialmente en el tramo de 20 a 50 años -y en concreto de 30 a 39- que cuentan con los ratios de población inmunizada más baja.
