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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles. Chacón

La Junta concede nueve millones de euros a la Fundación Anclaje para apoyar el emprendimiento y las microempresas

El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de este expediente de contratación promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y financiado con fondos europeos

ical

Miércoles, 7 de septiembre 2022, 12:02

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La Junta de Castilla y León aprobó este miércoles en Consejo de Gobierno la concesión de nueve millones de euros a la Fundación para el Anclaje Empresaria y la Formación para el Empleo para apoyar el emprendimiento y las microempresas de la Comunidad.

Según informó la Junta mediante un comunicado, el objetivo es tratar de frenar la caída que está sufriendo el colectivo autónomo por las nuevas tasas de cotización o las medidas energéticas, como es el nuevo impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero que gravará a los aparatos de refrigeración o la obligatoriedad de instalar puertas automáticas de aquellos que tengan locales a pie de calle.

Este programa impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo tiene como objeto ayudar económicamente en aquellos gastos extra en los que autónomos y microempresas tengan que incurrir para adaptar sus negocios.

Esta ayuda les permitirá continuar con su negocio durante un plazo de seis meses, ya que se van a subvencionar las obras, las instalaciones y las compras de maquinaria u otro equipamiento, siempre que estas actuaciones ayuden a que su actividad se transforme hacia una economía digital y respetuosa con el medio ambiente.

Plazo limitado

Según informó en el Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la tramitación de estas ayudas se realizará a través de la Fundación Anclaje debido a la «urgencia» dado que «el plazo otorgado por el Gobierno es muy limitado», finalizando el 30 de septiembre.

«Queremos que la subvención sea rápida para llegar a todas las personas», esgrimió Carriedo, que también apuntó que el plazo seguirá abierto «más allá del 30 de septiembre» porque la capacidad de las empresas para abordar esta normativa «todas a la vez no es sencillo, no solo por una cuestión económica sino porque no existe en el mercado capacidad suficiente para hacer todo a la vez en un plazo tan corto».

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