El grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en los informes de 2020 sube al 81%, nuevo máximo de la serie histórica

El grado de aceptación de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en los informes publicados en el ejercicio 2020 ha sido del 81 por ciento, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. En el año 2019 el porcentaje de aceptación fue del 69 por ciento, por lo que la evolución interanual presenta un notable incremento de 12 puntos porcentuales, alcanzado un nuevo máximo de la serie histórica.

Estos datos se ponen de manifiesto en un informe sobre el seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2020 que el Consejo de Cuentas entregó hoy en el Parlamento autonómico.

Este trabajo se realiza desde 2013, siendo por tanto el octavo análisis que se efectúa para determinar si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas por el Consejo en sus informes.

El seguimiento se aplica sobre las auditorías realizadas en el año natural precedente. Durante el año 2020 el Consejo de Cuentas aprobó 13 informes que contenían un total de 200 recomendaciones. En este informe se analizan 186 contenidas en nueve fiscalizaciones, ya que 14 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico.

Según se resalta desde el Consejo, las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones. Al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de los entes auditados una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.

El grado de aceptación por administraciones se sitúa en un 94 por ciento para los municipios, un 68 por ciento para las diputaciones, un 76 por ciento para la Junta de Castilla y León y un 48 por ciento para las Universidades (Valladolid y Salamanca).

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 101 de las 186 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 55 por ciento. Se mantiene un porcentaje similar al obtenido en el informe del ejercicio 2019, un 56 por ciento (131 de 232). En 2018 alcanzó un 42 por ciento, siendo el registro más bajo el de 2015, un 34 por ciento.

En términos absolutos, en el acumulado de los ocho años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 668 recomendaciones de las 1.440 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 46 por ciento para todo el periodo 2013-2020.

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 63 por ciento (25 de 40), los municipios el 58 por ciento (52 de 89); la Junta de Castilla y León el 48 por ciento (19 de 40) y las universidades analizadas (Salamanca y Valladolid), el 30 por ciento (5 de 17).

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 50 por ciento (14 de 28) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 55 por ciento (87 de 158).

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, registra el segundo mejor porcentaje de la serie histórica (48 por ciento), tras el máximo alcanzado en 2019 (60 por ciento). En los años precedentes, se produjo un 13 por ciento de cumplimiento total o parcial en 2013; 20 por ciento en 2014; 22 por ciento en 2015; 22 por ciento en 2016; 32 por ciento en 2017; y 31 por ciento en 2018.

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