La deuda de Castilla y León se situó en el 23,9% del PIB en el tercer trimestre del año

La deuda viva de la Comunidad ascendía a 13.115 millones de euros a 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con la estadística del Banco de España publicada este viernes, lo que equivale al 23,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Por lo tanto, la aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al término del tercer trimestre del año se cifraba en el 4,4 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 301.722 millones de euros.

La Junta valoró en un comunicado que la comunidad se mantenga como la novena autonomía más saneada, con un diferencial de 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media. En concreto, Castilla y León aparece por detrás de territorios como Canarias (6.396 millones), País Vasco (10.169 millones), Madrid (34.801 millones), Navarra (3.465 millones), Galicia (11.325 millones), La Rioja (1.642 millones), Andalucía (35.236 millones) y Asturias (5.078 millones de euros). «Esta posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando esta fórmula de financiación, respetando los límites al endeudamiento fijados por la normativa de estabilidad presupuestaria», añadió.

En este importe, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la administración de la Comunidad ha concedido a empresas de la región, cuantificados en 264,2 millones de euros; el denominado 'factoring' sin recurso (los créditos comerciales con la Junta que se han cedido a entidades financieras), que añade 210,4 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, que se cuantifica en 281,1 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) y atendiendo a quiénes son los prestamistas indica que, al final del tercer trimestre de este año, el mayor peso corresponde al Fondo de Facilidad Financiera, cuyos préstamos se elevan a 4.268,5 millones de euros -en concreto, el 32,6 por ciento-.

No en vano, el Ejecutivo autonómico apostó por su adhesión a este fondo para satisfacer las necesidades de endeudamiento del ejercicio 2015, las del segundo semestre de 2017, las correspondientes al año 2018 y las de los tres primeros trimestres de 2020, así como la cobertura parcial del déficit excedido de 2019.

El segundo lugar lo ocupan las emisiones de deuda que con un importe vivo de 3.510,4 millones de euros representan el 26,8 por ciento del total de la deuda regional. Como tercer prestamista figura el Banco Europeo de Inversiones, con 953,2 millones de euros, un 7,3 por ciento de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado y de forma similar a trimestres anteriores, el 94,8 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 5,2 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 96,2 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 3,8 por ciento firmada a corto. El 78,9 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 21,1 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.

A cierre de 2019, Castilla y León situó su nivel de endeudamiento en el 21 por ciento del PIB según los datos actualizados este viernes, medio punto porcentual menos que en 2018 y aproximadamente tres puntos inferior a la media autonómica, cumpliendo así con el objetivo de deuda asignado para ese ejercicio de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda publicado a finales de noviembre.

Finalmente, el Banco de España, además de los 301.722 millones de euros en que cifra el endeudamiento global de las autonomías, contabiliza en 3.066 millones de euros, la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las comunidades que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.