El Consultivo pide un estudio del gasto para las entidades locales por cumplir con la ley de Transparencia

El Consejo Consultivo de Castilla y León recomienda la realización de un estudio detallado sobre el aumento de gasto que va a suponer para las entidades locales de la Comunidad, tanto en medios materiales como personales, la obligación de cumplir con la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización.

Ésta es una de las observaciones que realiza el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo al anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización elaborado por el departamento dirigido por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Una de las novedades del nuevo texto, que va a sustituir al aprobado por el anterior Gobierno monocolor del PP, es la ampliación de su ámbito de aplicación, donde se incluye a las entidades que integran la Administración local de la Comunidad, junto con todos los órganos, empresas, consorcios y fundaciones públicas de la Junta y las universidades.

El Consejo valora en su dictamen, conocido por Ical, que el anteproyecto extienda su ámbito de aplicación a las entidades locales, lo que le diferencia de la ley vigente de 2015, que se ciñe solo a la Administración autonómica. Así, recuerda que en su informe sobre el texto en vigor ya cuestionó esa exclusión del poder local.

También, en ese momento, señala que manifestó la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios personales y materiales adecuados para lograr una efectiva aplicación de la Ley, lo que reitera ahora ante la preocupación expresada en alegaciones de las consejerías de la Presidencia y de Empleo e Industria, así como la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) y ayuntamientos.

Según el informe del Consultivo, desde el respeto a la autonomía local, deben crearse instrumentos jurídicos para los municipios fundamentalmente, y también por las provincias, que les permitan cumplir con los principios de transparencia y facilitar la participación de los ciudadanos en la gestión de competencias especialmente sensibles para ellos.

El anteproyecto presentado alude al impacto en el presupuesto autonómico de un portal de Transparencia para las entidades locales y la formación de su personal, pero adolece de una falta de planificación de los mayores costes que, en materia de personal, derivarán de la creación de las unidades de transparencia, observa el Consultivo.

Al respecto, el órgano consultivo recoge la discrepancia entre la Consejería de Transparencia, que estima un impacto presupuestario «nulo», y la de Presidencia, que en sus alegaciones concluye que para la plena efectividad de la ley será necesario un aumento de personal en las entidades locales, lo que supondrá un incremento en el gasto.

Esta discrepancia, también manifestada por entidades locales, debería conducir a un estudio más detallado de la cuestión, que diferencie el impacto en atención a la tipología de entidades locales, obligaciones impuestas y demás factores con incidencia en el coste que deben afrontar como consecuencia de la nueva regulación, señala el dictamen.

Así, precisa que, aunque no se puedan dar cifras precisas en la memoria, sí se puede indicar la incidencia esperada de las distintas medidas de corte presupuestario que contiene el anteproyecto y elaborar una estimación aproximada de su repercusión.

Otra de las observaciones de carácter sustantivo, es decir que se debe corregir para que el dictamen sea positivo, se refiere al régimen sancionador por incumplir la ley, si bien reconoce la necesidad de que exista y que sea «adecuado, completo y comprensivo de las conductas irregulares o incumplidoras», considera que esa posibilidad debería pasar previamente por una adecuada previsión sancionadora en la legislación básica del Estado, «que en este caso no se produce».

Así, precisa el Consultivo que parcialmente, respecto a la transparencia y publicidad activa, sólo cabrían infracciones y sanciones en relación a las nuevas obligaciones autonómicas que imponga el anteproyecto y totalmente respecto al derecho de acceso a la información pública (no cabría ninguna infracción y sanción), argumentación que entiende que debe respetarse por el órgano autonómico proponente de la ley.

En consecuencia, concluye que deben suprimirse en el anteproyecto los tipos y sanciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso referidos a conductas o al cumplimiento de obligaciones previstas, pero no tipificadas como infracción, en la norma básica estatal.

El anteproyecto elaborado por la Consejería de Transparencia tipifica la infracción muy grave con una multa entre 6.001 y 12.000 euros y la inhabilitación para ser beneficiarias de ayudas públicas, durante un período entre uno año y cinco años. Para las graves, con multa de 600 y 6.000 euros y en el caso de leves con amonestación y multa de 200 y 599 euros.

Una vez que cuenta con el dictamen del Consejo Consultivo, en el que se plantean observaciones sustantivas a seis artículos, el anteproyecto de ley, uno de los comprometidos en la cartera normativa de la Consejería dirigida por Igea, está listo para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

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