Ciudadanos plantea bajar de 10.205 a 4.500 euros la asignación electoral por escaño

Las Cortes de Castilla y León tienen sobre la mesa la reforma que Ciudadanos plantea sobre la ley electoral regional, vigente desde 1985, que pretende aplicar la tijera a las asignaciones que la Junta paga a los partidos para gastos de campaña.

La propuesta de la formación naranja reduce de 10.205,6 euros a 4.500 euros la cuantía que las formaciones que obtienen representación en el hemiciclo autonómico perciben por cada procurador que les dan las urnas. También rebaja de 0,40 euros a 0,18 la asignación por voto obtenido en las provincias en las que saquen procuradores y de 0,19 a 0,12 el pago por envíos postales.

La reforma de Cs incluye 10 artículos y elude abordar un asunto crucial como el de la proporcionalidad en la distribución de los escaños. Castilla y León tiene nueves circunscripciones electorales que se corresponden con las nueve provincias y esa compartimentación del voto beneficia las fuerzas mayoritarias y perjudica a las minoritarias en la asignación de escaños al aplicar la Ley D'Hondt. A ese artículado, el PP ha presentado 18 enmiendas, la mayoría de supresión, que podan el grueso de las medidas planteadas por la formación que encabeza en las Cortes Luis Fuentes.

El portavoz de Ciudadanos defiende que con su reforma «la ley electoral autonómica será mucho mejor que la actual». Ángel Ibáñez, portavoz adjunto del PP, explica que una parte de los artículo no aporta mucho, puesto que asuntos como los debates o las incompatibilidades ya se regularon en el Estatuto de los Altos Cargos. «Lo que abunda no daña, pero no aporta nuevo», define Ibáñez.

A eso se suma, a juicio del popular, otra parte que colisiona con la legislación electoral nacional, como el achique de la campaña. En este capítulo incluye la «extravagancia legislativa» de figuras como el procurador que ejerce una sustitución temporal del que tiene el escaño 'en propiedad'.

La primera que dejan sin efecto los populares es ese ajuste de las asignaciones por gastos electorales. Las mantienen como están. Corren la misma suerte otras propuestas incluidas en el texto, como la sustitución temporal de procuradores que disfruten de un permiso de paternidad o maternidad, una baja por enfermedad o estén en proceso de investigación judicial. También la reducción de días de campaña (de dos semanas a diez jornadas) o la ampliación de incompatibilidades, extendiendo la prohibición que se aplicará en 2019 a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes de ser procuradores autonómicos también a los concejales.

La procuradora de Podemos Natalia del Barrio argumenta que no puede haber una reforma electoral efectiva si no avanza hacia un sistema más proporcional y equitativo del reparto de escaños. «El actual es todo menos proporcional. El PP tiene el 50% de los escaños con el 37% de los votos», precisa la parlamentaria de la formación morada, que lamenta que Cs haya preferido no abordar cómo se puede compensar esa desproporción en la asignación de procuradores que provoca la compartimentación del voto en nueve circunscripciones electorales provinciales.

Del Barrio pone como ejemplo el caso murciano, donde PSOE, Podemos y Cs firman una reforma de la ley electoral que sí pone en marcha un sistema de reparto de escaños «más equitativo» y que se aplicará ya, previsiblemente, en las elecciones de mayo de 2019.

La alternativa que planteaba Podemos en Castilla y León ha sido rechazada en el pleno que se ha celebrado esta semana en las Cortes. Votaron a favor sus diez procuradores y el de IU-Equo; se abstuvieron los 25 del PSOE y el parlamentario de UPL, y se opusieron los 42 del PP y los cinco Cs. Sigue adelante la propuesta registrada por esta última formación y las enmiendas planteadas por los grupos, en un debate en el que todos apelaron a que «una cuestión tan sensible necesita consenso», pero en el que plasmaron sus profundas diferencias.