Las ayudas al alquiler en Castilla y León llegan a 21.000 personas

La Junta concedió 48,9 millones de euros –de los que 15,5 millones los ha aportado el Gobierno central– en ayudas al alquiler, ayuda de la que sen beneficiado 21.006 personas, de los que 6.280 son menores de 36 años, que han contado con 17 millones de euros, «lo que refleja la apuesta decidida del Ejecutivo autonómico por facilitar la emancipación de este colectivo», según se puso de manifiesto durante la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Familias, firmada por la Junta y las entidades del Tercer Sector, y que se reunión este viernes para hacer balance del acuerdo.

Estas ayudas en materia de vivienda cubren, de media, el 50 por ciento de la mensualidad –unos 2.500 euros anuales–, si bien en el caso de los jóvenes el porcentaje se eleva y oscila entre el 60 y el 75 por ciento del alquiler si estos residen en el medio rural. Estas subvenciones corresponden al periodo 2024 y se han resuelto durante este ejercicio.

En base a esta Comisión de Seguimiento, a la que asistieron representantes de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades; Industria, Comercio y Empleo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Educación, así como Unicef, EAPN, Poicyl y Proyecto Hombre, Castilla y León es la comunidad en la que más llegan estas ayudas en proporción a su población. En total, la Junta ha destinado 111 millones a la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión.

Además de vivienda, también se han abordado ámbitos esenciales para trabajar por la inclusión de los colectivos más vulnerables, como la educación, el empleo o los servicios sociales. Fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó este pacto junto a 45 entidades del Tercer Sector.

Durante el encuentro se ha analizado la respuesta de la Junta a las necesidades del colectivo más vulnerable, como son las personas sin hogar. El importe global destinado a este grupo crece un 13 por ciento, y pasará de los 434.000 a los 491.000 euros. En lo que respecta a la atención diurna o en albergues, la cantidad casi se duplica, de modo que se pasa de 184.000 euros a 347.000 euros. Por último, los recursos destinados al alojamiento de personas migrantes se incrementa un 55 por ciento de los 546.000 euros a los 850.000 euros.

Durante la reunión, se han analizado las medidas que se «han intensificado» durante este año en materia educativa, que «va de la mano de la reducción de la pobreza infantil y del acceso a todas las familias a una educación gratuita desde el principio». En ese sentido, se ha abordado la gratuidad de 0 a 3 años, pero también el fomento de la escolarización en el periodo de 3 a 6 años que, si bien no es obligatorio, es una «vía clave para paliar las desigualdades e impulsar la igualdad de oportunidades».

Junto a esto, se ha analizado la lucha contra el absentismo escolar, «fundamental para la transmisión de la pobreza entre generaciones». Igualmente, se han tratado medidas como la gratuidad de los libros de texto o de los comedores escolares para familias vulnerables.

En cuanto al empleo, la Junta invierte en la integración de los colectivos en riesgo de exclusión en el mercado laboral un total de 111 millones de euros, distribuidos en 20 líneas de ayuda. De este modo, se facilita a estas personas que obtengan un puesto de trabajo en una de la veintena de empresas de inserción que hay en Castilla y León para, posteriormente, lograr el objetivo último: que se integren en el mercado laboral ordinario.

La puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León son los centros de acción social (CEAS), donde desarrollan su actividad los equipos de acción social básica –el primer nivel–, destinados a funciones de información, orientación y asesoramiento acerca de los recursos existentes. El segundo nivel está integrado por los equipos multidisciplinares específicos, que son los que pueden intervenir y acompañar a las personas que precisen de apoyo social.

No obstante, las entidades del Tercer Sector, coordinadas con los CEAS, juegan un papel clave en el marco de la Red de Protección a las familias que coordina la Junta, ya que pueden realizar todas las funciones que llevan a cabo los equipos del primer y segundo nivel. En el ámbito de la inclusión social, es decir, atención a colectivos socioeconómicamente vulnerables, su actividad se financia a través de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF e Impuesto de Sociedades destinado a fines sociales. Este ejercicio, el Gobierno autonómico incrementa su financiación hasta llegar casi a los 4,6 millones de euros.

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