l presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia. Miriam Chacón

Amilivia defiende el informe sobre igualdad que Vox cuestiona por ser «ideológico»

PP, PSOE y UPL apuntan a las áreas de mejora de los grandes ayuntamientos y piden a las administraciones que den «ejemplo»

Leonoticias

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:10

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, consideró «muy acertado» el informe sobre los planes de igualdad de los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, después de que Vox cuestionara que se llevara a cabo esta fiscalización sobre un asunto «ideológico», asumiendo además un lenguaje que tildó de «sectario». El resto de grupos reconocieron la necesidad de mejorar en algunas áreas y pidieron a las administraciones que den «ejemplo» a la sociedad.

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En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Amilivia recordó que esta auditoría supone una actuación pionera, pues sólo la han llevado a cabo el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de Madrid y Andalucía. Además, recordó que se incorporó al Plan Anual de Fiscalizaciones de este año, sin que nadie se opusiera, pues se aprobó por unanimidad el pasado mes de febrero.

Igualmente, el presidente del Consejo de Cuentas indicó que en unas jornadas con la Universidad de Salamanca se propuso la necesidad de realizar un informe al respecto así como de contar con un plan de igualdad en la propia institución. Al respecto, Amilivia subrayó que se aprobó el pasado mes de diciembre, sumándose al Tribunal de Cuentas y el órgano de control de Castilla-La Mancha. «Predicamos con el ejemplo», dijo a los procuradores.

En términos generales, señaló que los 14 municipios auditados de más de 20.000 habitantes, pues Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León) cuenta con informe propio, han cumplido con la obligación de tener un plan de igualdad municipal, a excepción de Segovia, siendo los de Soria, Valladolid, Burgos y Palencia los que dedicaban un mayor presupuesto. También, señaló que once de ellos disponen de planes internos para los empleados públicos, ya lo tengan aprobado o en tramitación.

En nombre de Vox, la procuradora Susana Suárez defendió en una breve intervención que estos planes sobre la «ideología de género» son «innecesarios», así como un «despilfarro» porque conllevan subvenciones «excesivas» y «burocracia». Además, argumentó que en la Constitución o el Estatuto del empleado público ya reconocen la igualdad, por lo que indicó no entendía qué hacía el Consejo de Cuentas informando sobre el cumplimiento de un asunto ideológico y asumiendo el lenguaje «sectario» en la Comisión de Economía y Hacienda.

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Guía para mejorar

Por su parte, la 'popular' Noemí Rojo Sahagún expresó el compromiso «inquebrantable» e «incuestionable» del PP con la igualdad real entre hombres y mujeres y señaló que todas las entidades locales deben incorporar este principio. En general, remarcó que los municipios cuentan con estos planes, aunque reconoció que deben tener en cuenta las recomendaciones del Consejo porque son una «guía» para seguir mejorando. Además, defendió los últimos pasos dados por los ayuntamientos de Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid), Segovia y Burgos.

En la misma línea, el socialista Miguel Hernández Alcojor aseguró que «queda mucho camino por recorrer» en materia de igualdad y lamentó la eliminación de las concejalías sobre esta por parte de PP y Vox en Burgos o Valladolid. Por ello, insistió en que las administraciones deben «dar ejemplo» y lamentó que los grandes ayuntamientos todavía tengan pendiente algunas medidas y citó, entre otros consistorios, al de Soria, cuyo alcalde es el secretario autonómico de su partido, Carlos Martínez.

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Finalmente, el 'leonesista' José Ramón García confió en que los ayuntamientos hayan tomado nota de las consideraciones del informe, que indicó debe servir de «espejo» para ver las «luces y sombras», ya que consideró que los avances son «indudables», pero también existen «carencias graves». Por ello, pidió a la Junta que actúe como «garante» porque a su juicio estos planes corren el riesgo de convertirse en «meras formalidades administrativas».

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