El socio de Diez para aprobar la tasa de basuras anulada exige ahora asumir responsabilidades
Unión del Pueblo Leonés denuncia «la chapuza» que supondrá un despilfarro económico para las arcas municipales
La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia dictaba sentencia declarando nula la tasa y la ordenanza de la recogida de basuras, lo que supone que el Ayuntamiento tendrá que proceder a la devolución de los recibos de 2025 que ya se han girado.
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Fue un pleno de finales de 2024 cuando los votos del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Leonés propiciaron que se diera luz verde a la nueva ordenanza hoy tumbada en el TSJ, tal y como adelantó Leonoticias.
Un desajuste que, según palabras del propio alcalde, supondrá un desfase de medio millón de euros a cargo del erario público, si bien a tenor de los datos que constan en la Comisión celebrada en el Ayuntamiento, el perjuicio para el erario público puede ser muy superior.
La nulidad decretada judicialmente, sin perjuicio de la firmeza de la sentencia, será acatada por el equipo de gobierno, lo que supone la devolución de todos los recibos cobrados hasta la fecha, del año 2025. Esto conlleva, según subraya UPL, horas de trabajo al efecto, así como tener que volver a girar posteriormente, previa notificación a los usuarios, de la tasa correspondiente al año 2025, de ahí el coste que ello supondrá para las arcas municipales, aparte del retraso en el cobro de una gestión que se realiza día a día y que hay que satisfacer en su coste.
El error de forma que ha motivado «este desbarajuste municipal que no solamente supone el coste efectivo, sino también el descrédito de la propia institución municipal, no puede en modo alguno, quedar impune», por lo que desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, exigen al que de modo inmediato se depuren las responsabilidades de quienes directa o indirectamente han cometido el error de forma que ha motivado la sentencia dictada, no siendo de recibo que el equipo de gobierno en el ultimo pleno municipal celebrado manifestase que nadie debería «asumir responsabilidades», porque, efectivamente, «sí existen responsabilidades en quienes no ejecutaron adecuadamente los pasos oportunos que la Ley establece» para su adecuada entrada en vigor, y aquellos que han cometido una culpa «in vigilando» al no ver que no se estaban cumpliendo con los plazos legales establecidos.
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«No es de recibo que se admita un despilfarro público del erario municipal de tanta cuantía, siendo irrelevante desde el punto de vista del hecho si son 500.000 o son 2 millones, porque el perjuicio es igualmente grave para las arcas municipales y la gestión municipal», y ello no puede quedar en modo alguno impune, insisten los leonesistas.
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