PP y Cs proponen que sea la Consejería y no las diputaciones quien elabore el mapa de áreas rurales

Los grupos Popular y de Ciudadanos proponen que sea la consejería competente en la materia, en este caso la de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, la que elabore una propuesta de delimitación de las áreas funcionales rurales y no las diputaciones provinciales, conforme al texto remitido por el departamento de Francisco Igea a las Cortes.

Así lo recogen en cuatro enmiendas registradas al proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio relativas al artículo de procedimiento de delimitación de las áreas funcionales rurales, elemento que se quedó sin aprobar por la falta de acuerdo de PP y PSOE en la pasada legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones.

La Consejería de Transparencia, que dirige el vicepresidente Francisco Igea, ha remitido a las Cortes la modificación de la ley pactada en 2013 por PP y PSOE, en la que suprime la mayoría cualificada de dos tercios para la aprobación de los mapas rurales.

Cada diputación provincial elaborará un estudio de zonificación de toda la provincia para la delimitación de las áreas funcionales rurales, al que se presenta una enmienda para que sea la consejería competente quien elabore la propuesta de delimitación de dichas áreas rurales de cada provincia.

Transparencia recoge que sean las diputaciones las que remitan a la consejería los estudios de zonificación y ésta, una vez analizados, previo informe de las delegaciones territoriales que se emitirá en el plazo de un mes, elaborará la propuesta de delimitación de las áreas funcionales rurales.

Según la enmienda de PP y Cs, una vez redactada la propuesta se someterá a audiencia de municipios, diputaciones provinciales, entidades económicas, culturales y sociales así como a información pública por la consejería competente.

Tras el análisis de las alegaciones presentadas y previo informe del Consejo de Cooperación Local, las áreas funcionales serán aprobadas por la Junta de Castilla y León mediante un proyecto de ley.

Por otro lado, los socios de gobierno amplían de seis a 18 meses desde la entrada en vigor de la ley la propuesta de elaboración de las áreas funcionales rurales por la consejería competente, de manera que no serán las diputaciones quienes redacten el estudio de zonificación.

Además, será la Junta de Castilla y León, a través de la consejería competente, conforme a lo que prevean los presupuestos autonómicos, quien establecerá una línea de cooperación económica para las mancomunidades y otras entidades locales asociativas.

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