IU pide una solución al contrato de ambulancias que afecta a 350 trabajadores leoneses
La formación pide a la Junta que el servicio de ambulancias se gestione de forma pública y exige una respuesta al contrato paralizado por un recurso judicial
Izquierda Unida local León pide una solución para el contrato del servicio de ambulancia paralizado por un recurso judicial y que, asegura, afecta a 350 trabajadores leoneses de Ambuibérica.
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La formación pide a la Junta que el servicio de ambulancias se gestione de forma pública. «Esta solución y una modificación de los criterios para el establecimiento del servicio, racionalizando su instalación según las necesidades reales de la población beneficiaría a una provincia como León, con su especial orografía y distribución territorial, donde este servicio es insuficiente para atender a la demanda de la población, especialmente en las zonas rurales», apuntan en un comunicado.
La situación del contrato
El contrato fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, a petición del sindicato CGT. La Junta pactó un aumento del 87,5% del precio del servicio por el que pagaría 736 millones en los próximos seis años.
Carmen Franganillo, coordinadora local de IU de León, defiende que el transporte sanitario forme parte de los servicios que ha de prestar el sistema público de salud. «El criterio para establecer el servicio de transporte sanitario tendría que ser técnico en función de las necesidades de salud de la población de una comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra y no en función de los beneficios que cada paciente y su traslado suponen a una determinada empresa. La solución pasa por constituir una empresa pública de transporte sanitario para mejorar la calidad del servicio prestado y las condiciones laborales de las y los trabajadores», señala Franganillo.
Conflictos laborales en el sector
Desde la organización niegan que el principal problema del transporte sanitario se solucione incrementando el coste del contrato, y apuntan que «el coste de 809 millones de euros hasta 2028 sirve para poner parches a la precarización del servicio sanitario, con una empresa que tiene diez expedientes anteriores por incumplimientos».
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Respecto a los conflictos laborales y la precarización del empleo en el sector, a juicio de Izquierda Unida, la Junta de Castilla y León «es tan responsable como la empresa. El papel de la Junta de Castilla y León en este asunto, tras renunciar el PP a la gestión pública de este servicio, es velar por el respeto de las normas por la parte social y empresarial», aseguran.
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