La Comisión de Investigación preguntará a los supervivientes del accidente si quieren dar su versión

«Nos parece una cuestión de humanidad, hay que preguntarles previamente a mandarles la solicitud, por respeto y humanidad». Con estas palabras la presidenta de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé ha explicado la situación. El 31 de marzo una explosión de grisú en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña mató a cinco trabajadores leoneses, dejó heridos a cuatro compañeros más  y otros dos salieron ilesos.

La Junta General tiene abierta una comisión de investigación para aclarar qué sucedió y cómo evitarlo en el futuro. Los diez diputados asturianos que componen la aprobada comisión de investigación parlamentaria se reunieron el viernes 23 de mayo por primera vez para acordar un plan de trabajo bajo la dirección de la presidenta del órgano, Covadonga Tomé. Poco a poco han ido dando pasos y el último ha sido el 18 de junio cuando acordaron que a los supervivientes de este suceso y de otro accidente mortal que tuvo lugar en la misma explotación en 2022 se les invitará a comparecer y dar su versión de los hechos, pero sólo si están dispuestos a ello, según publica El Comercio.

El reglamento de la Junta General y el Código Penal obligan a comparecer en una comisión de investigación a quienes son citados por ella; caso de no hacerlo se considera incurren en un delito de desobediencia y se da parte a la Fiscalía para que inicie el procedimiento sancionador. De este precepto están eximidos determinadas autoridades. Por ello, desde la investigación se ha llegado al acuerdo de preguntar antes a los supervivientes si están en condiciones o no de declarar y si quieren hacerlo, para que no incurran en ningún tipo de delito en caso de negarse.

También se llegó al acuerdo en relación a la lista de solicitudes que se pedirán desde la mentada comisión para llevar a cabo una investigación, lo más completa posible. Son más de cien los documentos, permisos, contratos, recibos, correos electrónicos y agendas de trabajo que se van a requerir al Principado, al Ayuntamiento de Degaña, Hunosa, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Instituto para la Transición Justa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Rafael Alonso, diputado del PP que propuso más de la mitad de las peticiones de información a las que se ha dado el visto bueno, destacó las que le llegarán al puerto de Gijón y a Hunosa, para aclarar la procedencia del carbón que han gestionado en sus instalaciones: «Hubo un correo electrónico que quedó perdido en el limbo y en el cual el denunciante decía que había una extracción ilegal del carbón en Cerredo y que ese carbón acababa en El Musel. No es algo que nos inventemos nosotros».

De las propuestas registradas se da por hecho que serán convocados los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz, además del consejero Borja Sánchez. También hay consenso en llamar a declarar a los funcionarios al cargo del Servicio de Minas, a los inspectores que revisaron Cerredo, y a la familia dueña de la explotación. PP, Vox y Tomé quieren incluir en la lista también a la ministra Sara Aagesen.

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