16 municipios que no informan al Procurador del Común tampoco rinden cuentas
La falta de colaboración con Amoedo dificulta la investigación de quejas y llega a impedir que el Defensor pueda dar una respuesta a esos ciudadanos
Hay ayuntamientos que no cumplen con el Procurador delComún cuando el Defensor autonómico les solicita información para tramitar una queja y que también deben balances económicos al Consejo de Cuentas de Castilla y León, organismo que se encarga de controlar la legalidad de los gastos y las contrataciones de las administraciones que operan sobre el mapa autonómico. El cruce del Registro de Entidades No Colaboradoras con el Procurador del Común y el de rendición de cuentas arroja que 16 ayuntamientos de Castilla y León han incurrido en este '2x1' de elusión del control de su gestión en los últimos cinco años. La ley obliga a cumplir los dos trámites, a colaborar con el Defensor autonómico y a rendir cuentas.
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Esa falta de colaboración con el Procurador del Común puede llegar a impedir investigar la queja y condena al ciudadano a una situación de «indefensión» ante una posible mala atención de la Administración, según destacan desde la institución que dirige Javier Amoedo. «Rendir cuentas supone transparencia en la gestión de los dineros públicos y la garantía de poder saber cómo está ese Ayuntamiento desde el punto de vista económico y patrimonial», explica Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas.
El listado de los ayuntamientos cuyos responsables municipales han hecho oídos sordos a los requerimientos de Javier Amoedo y pasado por alto presentar su contabilidad ante el Consejo de Cuentas destacan dos palentinos de mediano tamaño, como son Barruelo de Santullán y Paredes de Nava, a los que se une Valbuena de Pisuerga. Sigue el listado con los burgaleses de Quintanar de la Sierra, Castrillo de la Reina y Neila, mientras que en tierras sorianas se encuentra Almazul. En la provincia de León están en ese doble 'debe' Crémenes, Villarejo de Órbigo y Matallana de Torío y, en Salamanca, Vitigudino y Miranda del Castañar. Cierran el contingente de incumplidores el zamorano de Villamayor de Campos (denunciado ante la Fiscalía), los segovianos de Chañe y Condado de Castilnovo y el abulense de La Adrada.
Hasta cuatro requerimientos
Quejas que van desde el comportamiento poco democrático de regidores que impiden el acceso a la información a la oposición o no convocan los plenos a otras sobre dejadez en la persecución de irregularidades urbanísticas o ante la peligrosidad de edificios en ruinas, además de la disconformidad con el servicio de alumbrado o los daños por obras municipales motivan los expedientes sobre las que el Procurador del Común solicitó información a estos ayuntamientos hasta en cinco ocasiones antes de incluirles en su registro de no colaboradores. Amoedo inicia la investigación pidiendo datos sobre el expediente y, al mes, envía el primer recordatorio. Si no surte efecto, en quince días sale el segundo y entre este y el tercero, alguien del equipo del Procurador contacta con teléfono con el Ayuntamiento. El cuarto requerimiento va ya con un apercibimiento de que pueden verse ante el fiscal por su falta de colaboración. En paralelo, Amoedo intenta lograr información para investigar la queja del ciudadano a través de otras instituciones, como pueden ser las diputaciones o mancomunidades si los expedientes atañen a estos estamentos. Todo antes de tirar la toalla, «porque eso implica la indefensión del ciudadano», resaltan desde la Procuraduría del Común.
La consulta sobre rendición de cuentas permite comprobar los tres últimos ejercicios sobre los que había que presentar balance. Cuatro de los municipios no han registrado ninguno de esos años: Villamayor de Campos, Barruelo de Santullán, Villarejo de Órbigo y Castrillo de la Reina. En el caso de los ayuntamientos no colaboradores con el Procurador del Común puede darse la situación de que esa falta de atención corresponda a un alcalde que dejó de gobernar en 2015, porque el periodo consultado va de 2013 hasta hoy.
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Desde las instituciones destacan que son las excepciones a la regla y que en algunos casos se trata de consistorios con recursos limitados: municipios con problemas con el secretario o sin acceso a Internet para entrar en la plataforma del Consejo de Cuenta. En otros, no. Es premeditado.
Encabo plantea retener ayudas públicas a los incumplidores
El porcentaje de entidades locales que rinde cuentas ha mejorado sensiblemente desde que empezó a funcionar el Consejo de Cuentas de Castilla yLeón en 2003, hasta situarse en el 90%, lo que significa que uno de cada diez todavía eluden este control. Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas, defiende una medida que se ha puesto en marcha en Aragón y que ha elevado hasta el 98% las entidades que cumplen. Allí se retiene a los ayuntamientos las ayudas y subvenciones hasta que cumplen con esa obligación.
La labor pedagógica que ha hecho el Consejo de Cuentas estos años ha sido ardua. Correos electrónicos, cartas, llamadas, jornadas informativas en las provincias y citas personales con los responsables de los ayuntamientos más acérrimos a presentar balances han servido para que se pusieran al corriente incumplidores históricos. «Había quienes las tenían hechas y encuadernadas, pero no las presentaban», apunta Encabo.
Palencia, Ponferrada, San Andrés, Miranda y Aranda no contestan
El Registro de Entidades no Colaboradoras tiene una parte en la que el Procurador del Común incluye a los departamentos autonómicos y a los ayuntamientos a los que comunica una resolución con recomendaciones para poner en práctica, pero no se dignan a contestarle si las aceptan o no. No es obligado aplicar las resoluciones del Procurador del Común, pero la ley sí obliga a los responsables públicos a que le comuniquen si están de acuerdo o no con las conclusiones de su investigación.
En esa situación están municipios grandes, que no pueden echar mano del argumento de la falta de recursos humanos y materiales para atender esa obligación de contestar. Se encuentranPalencia, con una investigación sobre una queja de la iluminación de rotondas; Ponferrada, sobre una solicitud de urbanización de vía pública; San Andrés del Rabanedo, sobre la construcción de un cerramiento; Miranda de Ebro, sobre la compensación a los agentes locales por asistir a actos judiciales; y Aranda de Duero, por las molestias que generan las peñas. A todos ellos, municipios urbanos de más de 20.000 habitantes, Amoedo solicitó hasta en cuatro ocasiones respuesta, sin éxito. Así figura en el Registro.
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