Igea desafía al PSOE a acudir a la Fiscalía si tiene pruebas de que la auditoría sobre el transporte sanitario es «de pega»
La procuradora Yolanda Sacristán acusa a la Junta de «pactar» las inspecciones con la empresa concesionaria y de mantener a los trabajadores del sector en «régimen de semiesclavitud»
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, desafío hoy al Grupo Parlamentario Socialista a acudir a la Fiscalía si tienen pruebas de que la auditoría sobre el transporte sanitario es «de pega», como planteó la procuradora socialista Yolanda Sacristán durante la pregunta realizada en el pleno de las Cortes de hoy.
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«Ya está bien de calumniar», afirmó el vicepresidente autonómico, que reiteró en su respuesta al PSOE que «si tienen pruebas de un delito, vayan a la Fiscalía, que es donde tienen que ir», criticando además al Grupo Parlamentario Socialista por «decir que los inspectores están conchabados con la empresa concesionaria».
Respeto a los funcionarios
«No me gusta que falte el respeto a los funcionarios públicos», continuó esgrimiendo Igea, que entendió que los trabajadores de la empresa concesionaria están «en conflicto» con la misma y que dicha situación «se tiene que resolver», pero sin «admitir» las acusaciones de la procuradora socialista.
En cualquier caso, Igea defendió que desde la Junta se ha dado la orden para que se haga una auditoría sobre la empresa concesionaria del transporte sanitario «en todas las áreas de salud» de la Comunidad, y que si en las autonomías donde gobierna el PSOE y tienen «un contrato con esta misma empresa» realizan »una auditoría mejor, no duden en pasármela», dado que en la Junta «aprenderemos de sus aciertos como sufrimos sus errores».
Inspecciones «en cinco minutos»
La respuesta de Igea vino precedida de la acusación realizada por Yolanda Sacristán, que señaló que el Gobierno autonómico «no dice la verdad nunca y perjudica los intereses de Castilla y León siempre», al permitir que, en la auditoría «instada por esta Cámara con una moción hace dos meses», se realicen «inspecciones pactadas para que la empresa concesionaria esté preparada cuando los inspectores llegan a revisar sus vehículos».
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«Los trabajadores tienen las pruebas», continuó esgrimiendo Sacristán, que relató que en dichas inspecciones aparecen «vehículos nunca vistos con anterioridad que provienen de otras provincias limítrofes» para que no se inspeccionen «los reales, que rozan el millón de kilómetros».
Inspección
Además, la parlamentaria socialista aseguró que la «exhaustiva inspección» se realiza «de manera superficial en cinco minutos» y con los técnicos de los servicios realizados respondiendo a las preguntas del inspector «delante del supervisor de la empresa».
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«No es de extrañar el deplorable estado de los vehículos o que los trabajadores sean los peores pagados de toda España gracias a que Ambuibérica no ha sido capaz de firmar un nuevo convenio en tres años», manifestó Sacristán, que también denunció que estos trabajadores, al igual que los del Servicio de Emergencias 1-1-2, «siguen tratados en régimen de semiesclavitud» mientras «se beneficia los intereses de empresas privadas».
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