León elabora un censo de edificios con amianto y lo eliminará de las instalaciones con mayor riesgo antes de 2028
El contrato de servicio se estima en 50.820 euros y detallará el censo preliminar de instalaciones con fibrocemento con amianto de edificaciones residenciales y edificaciones públicas e industriales del municipio de León | El polvo de amianto si se inhala puede ser tóxico
El Ayuntamiento de León encarga un informe donde se detalle el censo de edificios e instalaciones públicas y privadas que presenten fibrocemento con amianto. El documento recogerá tanto los edificios municipales como un censo preliminar de otras instalaciones residenciales, públicas o industriales que se encuentren en el término municipal de León.
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Con este informe, que verá la luz en la primera mitad de este año, el Ayuntamiento elaborará una calendario donde se planifique la retirada de este material cuya inhalación prolongada resulta tóxica.
Plazo de ejecución de tres meses y medio
La contratación del servicio, cuya licitación sigue abierta hasta el 3 de febrero, se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado 30 de diciembre y cuenta con un valor estimado de 42.000 euros -50.820 euros con IVA incluido-. Una vez se formalice el contrato, el plazo de ejecución del censo será de tres meses y medio.
El objetivo de dicho informe es dar cumplimiento a la ley 7 / 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La normativa contempla la obligatoriedad de elaborar el censo de instalaciones con amianto, tanto de titularidad pública como privada, y una planificación para su retirada.
Retirada antes de 2028
Una vez elaborados, tanto el censo como el calendario serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
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En el calendario de retirada tendrán prioridad aquellas instalaciones o emplazamientos que respondan a un grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
En todo caso, detalla la normativa, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
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